El 22 de mayo de 2006 se suprimieron los peajes de A Barcala y Rande. El Gobierno central y la Xunta acordaron que asumirían a partes iguales los costes de esa bonificación que iría a Audasa, la concesionaria de la AP-9 (unos 1.000 millones de euros hasta 2048)

En julio de 2017, la Administración central anunció en un decreto que asumía “por sí sola” el coste de la financiación de las gratuidades de los recorridos A Barcala- A Coruña y O Morrazo-Vigo. En ese decreto, el Gobierno central también cambió el sistema de retribución a la concesionaria al estimar el Ejecutivo que se estaba produciendo “un enriquecimiento injusto” de Audasa porque la gratuidad de los peajes había supuesto un incremento del tráfico y, por tanto, la indemnización pública era superior a lo que la concesionaria recaudaba cuando cobraba estos dos peajes.

Audasa llevó este decreto a los tribunales y el pasado año los magistrados lo anularon, ordenaron volver al “sistema de contraprestación” anterior y condenaron a la Administración General del Estado a que indemnizase a la concesionaria con la cantidad que dejó de percibir, que, además del IVA, sumaba casi 14 millones de euros. A esta cifra se añadían intereses y costas.

Como los jueces han tumbado el decreto, en el que también se estipulaba que la Xunta dejaba de pagar a medias la bonificación de los peajes, Audasa envió el viernes una carta al Ejecutivo gallego en la que le reclama el abono de 25,4 millones de euros (más intereses) por la rebaja de peajes de los tramos A Coruña-A Barcala y Vigo-Morrazo desde 2017 hasta 2020.

Según la concesionaria de la AP-9, la Xunta debe abonar 2,4 millones correspondientes al ejercicio de 2017; 5,5 por el de 2018; 5,9 por el de 2019 y 11,5 por el de 2020. Audasa explica en la carta que las cantidades consignadas para 2017, 2018 y 2019 (periodo comprendido entre julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2019) se corresponden con la diferencia que hubiera percibido si no hubiese entrado en vigor el decreto del Gobierno central de julio de 2017. Y que el importe consignado para 2020 es el que le corresponde por el decreto de 2006 que permitió la gratuidad de los peajes de A Barcala y Rande. Audasa solicita, además, en su carta que “se indique a la mayor brevedad posible en qué forma han de facturarse las anteriores cantidades a cada una de las administraciones que suscribieron el convenio de 2006”. Es decir, Estado y Xunta.

El Ejecutivo gallego hizo público ayer un comunicado en el que “lamenta” que el Gobierno de España y Audasa “actúen unidos en contra de los intereses de los gallegos”. “Dos semanas después de que el Ministerio de Transportes le reclamase directamente a la Xunta que pagase dinero a Audasa por las bonificaciones del peaje de A Barcala y Rande, Audasa se dirige a la Administración autonómica para exigir lo mismo”, indica el Ejecutivo autonómico.

“La Xunta considera una broma de mal gusto que el Gobierno de España y Audasa actúen de forma conjunta y le reclamen a la Xunta el pago a la concesionaria de las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, cuando hay un acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Xunta del año 2017 por el cual la Administración autonómica dejaba de cofinanciar la bonificación del peaje de esa autopista estatal”, concluye el Ejecutivo gallego.

La AP-53 se vacía de vehículos

Las primeras consecuencias de la pandemia sanitaria para la economía ya han sido perceptibles en un espacio de tiempo inmediato y otras aparecerán a medio y largo plazo. Un buen ejemplo de ello es la evolución del tráfico en la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo, construida para vertebrar el interior de Galicia y, sobre todo, el eje Santiago-Ourense. Los datos de tráfico del año que acabamos de despedir son los peores de los últimos quince y hay que remontarse hasta 2005 para encontrar unos índices de desplazamientos por esta vía tan pobres, informa Alfonso Loño. La AP-53, la otra autopista gallega de titularidad estatal junto a la AP-9, venía encadenando en los últimos ejercicios un récord de desplazamientos y el 2019 se despidió con una Intensidad Medida Diaria (IDM) de casi 7.000 vehículos. En 2019, la cifra de viajes diarios cayó hasta un promedio de 4.726. Un ejemplo de la bajada en el tránsito de vehículos es, por ejemplo, que durante el pasado mes de abril transitaron por la AP-53 solo 1.419 vehículos diarios, un dato que supone una caída del 80% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el cuarto mes de 2020 se notaron los efectos de las medidas de confinamiento que impedían a buena parte de los ciudadanos salir de sus casas. Un año que había arrancado con unos volúmenes de tráfico incluso mejores que los del anterior —en enero hubo 5.953 desplazamientos diarios frente a los 5.855 del mismo período de 2019 y en febrero fueron 6.675 por 6.324— en marzo la vía de alta capacidad comenzó a padecer los efectos de la pandemia sanitaria y desde entonces no ha levantado cabeza.