Poco o nada tienen que ver las características de una explotación en Castilla, Levante o Andalucía con del rural gallego. Las comunidades empiezan a dar la batalla con el Gobierno central para no sufrir un tijeretazo en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), un capítulo que absorbe el 40% del presupuesto comunitario y del que en Galicia dependen más de 27.000 agricultores y ganaderos. Con la vista puesta en las negociaciones con el Ministerio de Agricultura para el reparto de las codiciadas partidas de la UE para el nuevo periodo 2021-2027, el Ejecutivo gallego presionará de la mano de las comunidades de la cornisa (Asturias, Cantabria y País Vasco) para lograr una inyección de fondos a sus granjas acorde a sus particularidades, entre ellas el contar con explotaciones familiares de pequeño tamaño. Se trata de un factor que a menudo juega en contra del reparto de subvenciones, que en periodos anteriores se otorgaban a tenor de la superficie y de las hectáreas.
La Xunta, de la mano del conselleiro de Medio Rural, José González, definió ayer en un documento conjunto con las autonomías del norte la hoja de ruta que debe regir en el reparto por parte del Gobierno central de los fondos de la PAC frente a la “orientación mediterránea” que considera que se le está dando al nuevo reglamento. Con esta alianza, la Xunta trata de evitar un hachazo a los fondos al sector agroganadero gallego, que según estimaciones de los sindicatos rondaría los 200 millones de euros.
Reclaman que las ayudas vayan a agricultores que vivan del campo
“Somos cuatro comunidades que tenemos en común que nuestras explotaciones se caracterizan por ser pequeñas y medianas, profesionales, pero eminentemente familiares. A través de este documento exigimos que la futura PAC tenga en cuenta las peculiaridades de estas explotaciones”, defendió ayer el conselleiro de Medio Rural.
El acuerdo fue rubricado ayer vía telemática por José González; y sus homólogos en Asturias, Alejandro Calvo; Cantabria, Guillermo Blanco; y País Vasco, Arantxa Tapia. En su intervención, el conselleiro de Medio Rural agradeció “el compromiso y el talante” de todas las comunidades, ya que considera “fundamental” esta “unidad de acción”, “más allá de diferencias partidistas”. “Es mucho lo que nos jugamos en relación con la futura PAC”, sostuvo en referencia a las previsiones que alertan de un recorte de los fondos agrarios para Galicia del 10%.
Medio Rural dará la batalla para que Galicia no pierda un 10% de los fondos
►Agricultor genuino. El documento pactado por las comunidades de la Cornisa refleja el apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura de definir la figura del agricultor genuino, que vive y trabaja en el medio rural. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco defienden que esta condición quede definida por un porcentaje de al menos el 30% de ingresos agrarios sobre los totales, excepto para afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.
►Ayudas directas. Sobre el primer pilar de la PAC, en las ayudas básicas a la renta, la alianza a cuatro apela a superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones, adaptado a su realidad actual. Además, consideran imprescindible establecer un número y delimitación de las regiones, a efectos de que la ayuda básica refleje las diferentes realidades en el plano agronómico y socioeconómico.
Vacuno de leche y carne. Sobre las ayudas a este sector, Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi ven prioritario contar, al menos, con los mismos recursos que en el periodo 2014-2020, una reclamación que en la práctica supondría el máximo que permita la normativa comunitaria (hasta el 15%).
►‘Capping’. Sobre el límite de ayudas que percibe un mismo beneficiario (capping), el documento conjunto apoya el establecimiento de un máximo de 60.000 euros por explotación, una medida que —defienden— contribuiría a contar con recursos adicionales para distribuir entre los pequeños negocios.
►Ecoesquemas. En cuanto a los llamados ecoesquemas, que reunirán el 20% de las ayudas directas asociadas a prácticas agrícolas comprometidas con los objetivos medioambientales de la PAC, demandan que se tengan en cuenta las características de las explotaciones agroganaderas del norte del país. Así, proponen la inclusión de planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo.
►Feader. Sobre el segundo pilar de la PAC, insisten en la necesidad de recuperar el equilibro entre las aportaciones de la Administración central y las comunidades autónomas y así lograr un reparto más equitativo de los fondos.
