Acompañado por representantes de los administradores de fincas, constructores, promotores inmobiliarios, arquitectos o consumidores, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidió ayer la firma del llamado Pacto Social por la Vivienda que pretende convertirse en un revulsivo para el acceso a la vivienda protegida, bien por adquisición o mediante el alquiler, la rehabilitación de inmuebles o la puesta en el mercado de pisos vacíos. Con un periodo de vigencia de cinco años, hasta 2025, el programa prevé una inversión por parte de la Xunta de 433 millones, que se calcula que generará otros 650 millones de aportación privada, y se estima que beneficiará a unas 70.000 familias, tanto por las actuaciones que facilitarán el acceso a una vivienda como por las obras de rehabilitación de los propietarios. Además, se cuenta con crear o mantener 30.000 empleos.
El plan ya había sido anunciado a finales del pasado año, pero desde entonces ha estado sometido a modificaciones en sus objetivos y gasto. Según indicó Feijóo en su intervención, en compañía de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, las grandes líneas se han consensuado entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios y las asociaciones integradas en el Observatorio Galego da Vivenda. De hecho, suscribieron el pacto la Fegamp, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el de Administradores de Fincas, el de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Consello Galego de Consumidores e Usuarios, el de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la Federación Gallega de la Construcción, la Federación de Promotores de Licitación y Suelo y la Unión Gallega de Cooperativas de Viviendas.
Líneas estratégicas
Estructurado en cuatro líneas estratégicas y con casi medio centenar de acciones que combinan medidas ya implantadas con una docena de iniciativas “novedosas”, Feijóo destacó que lejos de detener el paso, la pandemia debe servir para “sentar los pilares” de una nueva política de vivienda. “Es decir, una inyección importantísima de recursos dirigida a particulares y empresas con la que estimamos una movilización de 1.083 millones de euros entre fondos públicos y privados”, sostuvo.
Ayudas de hasta 20.000 euros. Dentro de la línea estratégica para hacer más accesible la vivienda, en concreto la protegida, se habilitarán ayudas de hasta 20.000 euros para su compra. Los destinatarios potenciales serán familias con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM. En todo caso, la subvención no podrá superar el 20% del valor del inmueble.
Viviendas vacías. Con el objeto de sacar pisos vacíos al mercado de alquiler —dado que las iniciativas desarrolladas hasta ahora no dieron resultado—, la Xunta explorará una nueva vía. Ofrecerá a los propietarios hasta 8.000 euros para que las reformen a cambio de que los dueños cedan la gestión del alquiler a la Administración autonómica durante un periodo de diez años. El propietario seguirá cobrando la renta y la Xunta blindará el pago de las mensualidades y se hará cargo de una póliza de seguro multirriesgo del hogar con el que cubrir posibles daños o desperfectos.
Opción de compra. Otra novedad del plan es la concesión de una ayuda de 8.000 euros al propietario que alquile una vivienda a una persona menor de 35 años y le mantenga la opción de compra durante cinco años. A cambio, deberá mantener el precio establecido en el momento de la formalización del contrato de arrendamiento. Además, si al final la venta no se ejecuta por causa achacable al dueño, este tendrá que devolver la ayuda percibida.
Revisión de la vivienda protegida. Uno de los problemas de la escasa promoción de viviendas protegidas, a juicio de la Xunta, son los precios máximos establecidos para su venta. Al ser bajos, no convencen a la iniciativa privada. Para corregir esta situación, el Gobierno gallego revisará y actualizará estos precios máximos que llevan doce años sin modificarse para ajustarse a los costes de construcción. “En muchos casos provoca que no sea viable su construcción, por lo que conviene actualizar estos módulos con el objeto de impulsar la edificación”, se recoge en el plan.
Reduccir el periodo de protección. El programa de la Xunta también plantea revisar los periodos legales de protección y desclasificación para rebajar su duración. En el caso específicos de los inmuebles destinados al alquiler se propondrá fijar el régimen legal en 15 años.
Núcleos rurales. Dentro de la apuesta por la regeneración de los espacios urbanos, la rehabilitación de viviendas y el compromiso con las zonas menos pobladas, Feijóo anticipó que el Gobierno gallego seguirá fomentando la reconstrucción de viviendas en núcleos rurales, mediante incentivos a particulares que sean autopromotores de viviendas en ayuntamientos con saldo demográfico negativo. Asimismo, se lanzará un programa de núcleos rurales en abandono, para facilitar a los ayuntamientos su dinamización y puesta en el mercado, con ayuda de herramientas informáticas que se pondrán a su disposición para darlos a conocer.
Además, se mantendrán toda las iniciativas ya en marcha para fomentar el acceso a la vivienda.
