“Quien contamina, paga”. Bajo esta premisa, las distintas administraciones dicen marcar la hoja de ruta para poner coto a vertidos y emisiones de CO2. En el mapa de emisiones totales en España, Galicia está marcada en rojo: es la cuarta autonomía, por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla y León, que más contribuye al calentamiento global. Y en el balance de dióxido de carbono que generan fuentes fijas, es decir fábricas o centrales de generación eléctrica, la comunidad gallega ocupa el tercer puesto del ranking nacional, tras Asturias y Murcia. Y de cada diez toneladas de dióxido de carbono emitido en la comunidad gallega, nueve salen de la provincia de A Coruña, según los últimos datos del Observatorio de Sostenibilidad que analiza el periodo 1990-2018. En pleno debate sobre cómo atajar el calentamiento global y la apuesta por una economía verde basada en energías limpias y renovables, en Galicia la carga fiscal para las empresas contaminantes apenas se ha modificado en los últimos diez años. Lejos de endurecerse, los gravámenes industriales por emisiones de CO2 aplicados por la Xunta en la última década se han reducido si se tiene en cuenta la evolución del IPC, según cuestionan organizaciones ecologistas.

La previsión para este año, según recoge la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2021 que se aprobarán en pleno la próxima semana, la carga contaminante media será de 17 euros y 89 céntimos —importe total que suma el gravamen por volumen, materias en suspensión, materias oxidables, nitrógeno, fósforo, sales solubles, metales y materias inhibidoras— frente a los 17, 39 euros de hace diez años. “Tan solo una diferencia de 50 céntimos”, advierten desde Arco Iris, cuando —añaden— el IPC ha subido en este periodo un punto que permite fijar la “tasa real” que se tendría que abonar en 20 euros y 39 céntimos. Estos 2,4 euros por debajo de la tendencia que tendría que haber seguido se traduce en una rebaja de la carga contaminante en los últimos diez años en la comunidad de un 15%. “Esta evolución convierte los vertidos contaminantes en un negocio más rentable conforme pasan los años”, cuestiona el colectivo ecologista.

Ante este situación, Arco Iris denuncia el “trato a favor” desde el Ejecutivo gallego a las empresas contaminantes mediante ese “ajuste a la baja de los gravámenes aplicados por carga contaminante”, según dispone la Ley de Aguas de Galicia del año 2010, y que —advierten— ya se había consolidado el año pasado. Para la asociación, esta evolución en los tipos impositivos responden a “una gestión ambiental poco sostenible” en cuestión de vertidos y a “una política continuista que solo beneficia a empresas sin escrúpulos que contaminan cada vez más a menos precio”.

“La Ley de Aguas aprobada hace diez años —denuncian— no era tan condescendiente con la carta contaminante de las industrias”. Para lo días ecologistas a día de hoy, la Xunta ha pasado del “quien contamina, paga” al “quien contamina, paga menos”. Cuestionan desde Arco Iris que la política del Ejecutivo gallego siga una “tendencia contraria” a las que se aplican en otros países, “cada vez menos permisivos con la violencia ambiental”. Esta situación, auguran, convertirá a la comunidad en un lugar “poco atractivo para futuras inversiones”. “Galicia se queda en terreno de nadie, a medio camino entre los países avanzados y el Tercer Mundo”, cuestionan.