Los precios de la AP-9 indignan a los usuarios, que por cuarto año consecutivo han tenido que afrontar una nueva subida en un contexto de abaratamiento generalizado en las autopistas de la red del Estado. A las quejas por las cada vez más elevadas tarifas trasladadas desde la Xunta y los partidos políticos, con el BNG a la cabeza de la cruzada, se suman ahora reclamaciones al Gobierno central y a la concesionaria por las deficiencias detectadas en la vía de pago. Apenas 24 horas después de que este periódico revelase el contenido de los riesgos comunicados por escrito al Ministerio de Fomento —ahora Transportes y Movilidad— y a Audasa, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, envió una carta al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, para reclamar que sea corregido “con urgencia” el deterioro que sufre la autopista gallega. “Es inadmisible”, sentenció Vázquez en declaraciones a este periódico preguntada por los fallos de seguridad transmitidos y las fotografías que reflejan la situación actual de la vía de pago.
“La Administración que tutela la infraestructura debe dirigirse sin dilación a la concesionaria”, advierte la conselleira, quien urge al departamento dirigido por José Luis Ábalos a que actúe “con urgencia” y “y exija a Audasa la “inmediata adopción de medidas correctoras” que “garanticen un tráfico seguro y de calidad del servicio para los usuarios”.
Pese a que la autopista gallega arrastra a día de hoy riesgos que no fueron atendidos por el PP cuando estaba al frente de Fomento, como es el caso de los arcenes en la entrada de Vigo que no cumplen el ancho de metro y medio exigido, falta de barreras de protección, nudos de acceso complicados o alturas de vallas insuficientes, Vázquez sostiene que al margen de los colores políticos desde su departamento se reclama por todas las situaciones anómalas que se aprecian. “Cada deficiencia que veíamos [con el Gobierno del PP en Madrid] se transmitía. Desde la Xunta hicimos quejas por las retenciones en la autopista y por el estado de la infraestructura, fundamentalmente por el estado del firme”, recuerda la conselleira.
"Resulta grave que Audasa no mantenga la vía en perfectas condiciones", alerta
Ante la falta de sistemas de protección en algunos puntos de la autopista, barandillas oxidadas e incluso rotas, laderas de montaña con desprendimientos, postes de hormigón y muros a pie de carretera sin protección, entre otras deficiencias, la Xunta reclama una intervención “con urgencia” y “sin dilación” por parte del Gobierno central para que Audasa acometa las reparaciones necesarias. “A 1 de enero se subieron los peajes en la AP-9, la subida más alta en un contexto generalizado de bajadas. El Gobierno tiene más afán en defender los intereses de Audasa que de los propios gallegos”, cuestiona la conselleira de Infraestruturas, al tiempo que reclama que se reactive la comisión mixta de seguimiento de la Autopista del Atlántico, que no ha sido convocada desde noviembre de 2018. Fue precisamente en ese foro, según apunta Vázquez, donde se consiguió el compromiso del Ejecutivo del rebaje del peaje en Rande.
En la carta remitida ayer al secretario de Estado de Transportes, la conselleira de Infraestruturas carga contra la gestión de la concesionaria en el AP-9, una vía que vertebra el territorio en el que vive el 60% de la población gallega y que “en un corto espacio de tiempo” —cuestiona Vázquez— experimentó “varios incrementos extraordinarios de tarifas, subidas exponenciales, que además se repetirán en los próximos años”.
De “especial gravedad” tacha la conselleira que Audasa “no mantenga en perfectas condiciones la AP-9”. “Es su obligación y su responsabilidad”, sentencia Vázquez. Por lo que emplaza a Transportes a dirigirse “de inmediato” a la concesionaria para que subsane las deficiencias e incumplimientos de la normativa vigente.
Ethel Vázquez insta a reactivar la comisión mixta sobre la AP-9, parada desde 2018
Desde el colectivo Stop Accidentes en Galicia también se movilizarán para exigir que se reparen los fallos de seguridad de la vía de pago ya que suponen una amenaza para la integridad de sus más de 24.000 usuarios diarios. La misiva será remitida tanto al jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia como al delegado del Gobierno en la comunidad.
“En una autopista no debe morir nadie, salvo que haya una imprudencia por parte del conductor. Una vía de pago no puede ser una infraestructura mortal”, defendía ayer la presidenta de Stop Accidentes en Galicia, Jeaane Picard, tras conocer el estado actual de la AP-9. Picard advierte de que estas quejas “no pueden caer en saco roto”. “Estamos hablando de que una salida de vía acabe en un accidente leve o que, sin embargo, por una irresponsabilidad en el mantenimiento se provoquen graves lesiones o, peor, un fallecimiento”, denunciaba Picard.
