La larga lista de deficiencias detectadas en la AP-9 ha llevado al Ministerio de Transportes a ordenar una auditoría para analizar el estado de la vía de pago gallega, que por cuarto año consecutivo soporta una nueva subida de las tarifas en contra del abaratamiento generalizado en el conjunto de la red de autopistas del Estado (0,11%). Días después de que este periódico revelase el contenido de informes oficiales remitidos al departamento estatal con competencias en la infraestructura y a la propia concesionaria, Transportes ha intervenido requiriendo una “inspección específica sobre seguridad vial” en AP-9, que —detalla— “se desarrollará e incluirá todos los aspectos de la infraestructura y, de la que podrán identificarse elementos susceptibles de mejora y derivarse, en su caso, actuaciones para su corrección preventivamente”.
Ante los peajes que tienen que soportar los usuarios de la autopista gallega, que Audasa sitúa entre los más bajos del país (un 0,7% inferiores a la media, según defendió en un comunicado emitido el miércoles), el departamento dirigido por José Luis Ábalos discrepa con los datos ofrecidos por la empresa. “No se corresponden con el análisis de precios realizado por este Ministerio”, advierten desde Transportes, al tiempo que recuerdan el real decreto en el que está trabajando y que recogerá varios tipos de bonificaciones en la vía. Según anunció este mismo mes el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, esta rebaja llegará este semestre.
Desmarque
Muros y desmontes sin protección, laderas con desprendimientos, cunetas demasiado profundas, arcenes sin asfaltar, luminarias sin protección y deficiente iluminación en algunos puntos, postes de hormigón junto a la vía, alturas de barreras insuficientes, incluso oxidadas o ya rotas, anchos de arcén en la entrada a la autopista que no cumplen la normativa, desagües sin barrera o altura insuficiente de las barandillas de protección en puentes. Son algunos de lso fallos de seguridad que presenta en la actualidad la AP-9 y que, tras ser reveladas por este periódico el fin de semana, llevaron a Audasa a emitir un comunicado para asegurar que la infraestructura se “consolida” entre las carreteras más seguras de España y que, además, el peaje es un 0,7% inferior a la media nacional.
Ayer fue el turno de Transportes. Y lo hizo, además de para anunciar una auditoría ante las deficiencias y los incumplimientos de la normativa advertidos por escrito —no concreta quién se encargará de esta inspección—, también para desmarcarse del análisis que hace la concesionaria de los peajes que pagan los usuarios de la AP-9,.
En sus cuentas, Audasa sostiene que el precio medio por kilómetro en la autopista gallega es de 10,87 céntimos frente a los 10,95 en el conjunto de España. Este análisis es válido si de divide el importe total del viaje entre los 220 kilómetros de la vía de pago, pero no refleja la enorme desigualdad de tarifas que se aplican en función de los tramos. La evolución de los últimos años constata además que han subido a mayor ritmo que los del resto de autopistas del Estado.
Al contrario de lo ocurrido con la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, obra que el Gobierno asumió su coste (106 millones), en la AP-9 fue la concesionaria la que afrontó las inversiones para la ampliación del puente de Rande y los accesos a Santiago. Un desembolso por parte Audasa que repercutirá en el bolsillo de los usuarios en los próximos 20 años y a razón de un 1% más cada ejercicio en las tarifas de todos los tramos de la autopista.
La nueva subida aplicada este año en la AP-9 es fruto de la combinación de dos datos. Por una parte de la subida anual del 1% por la inversión para Rande y Santiago, una actualización al alza extraordinaria que se aplicará —así lo recoge el convenio suscrito en 2011 con el Gobierno— hasta 2038. El segundo dato es la evolución del IPC, que en este caso es negativa. La influencia de la primera sobre la segunda deja el aumento en un 0,92%. Hasta ahora se aplicaba una segunda alza extraordinaria, del 0,8%, con el que se resarcía a Audasa de las bonificaciones que aplica en el viaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra, pero el acuerdo preveía ya que el incremento se aplicase por última vez en 2020.
Desde el PSdeG, su secretario xeral, Gonzalo Caballero, defendió ayer que la negociación del Gobierno central con Audasa busca rebajar los peajes hasta el fin de la concesión, en 2048, y apeló a la Xunta a que “contribuya” económicamente ya que el PP —advirtió— es responsable de que la concesión esté prorrogada hasta esa fecha.
La respuesta desde el Ejecutivo de Feijóo no se hizo esperar. Para la Xunta es “inexplicable” y “bochornoso” que el líder del PSdeG “anteponga los intereses de su partido al de los gallegos” al reclamar fondos de los presupuestos autonómicos para bonificar una infraestructura estatal. Por ello, emplazó a Caballero a que pida al Gobierno de Sánchez que aplique las bonificaciones previstas y suprima el peaje de Rande, así como que revise los acuerdos con Audasa, “desproporcionados” —calificó— a favor de la concesionaria.
Dos quejas al Gobierno en solo 24 horas
Dos cartas en apenas 24 horas para reclamar al Ministerio de Transportes que actuase “con urgencia” para subsanar la situación de “especial gravedad” que se había dado a conocer a través de este periódico, con decenas de deficiencias a lo largo de los 220 kilómetros de la AP-9, una de las tres únicas de todo el país en este año subió los peajes. El lunes la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remitió una misiva al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en la que reclamaba que se dirigiese a Audasa para que “sin dilación” subsanase el “injustificable” estado en el que se encuentra la autopista. De “especial gravedad” calificó la conselleira que la concesionaria “no mantenga en perfectas condiciones la AP-9”. “Es su obligación y su responsabilidad”, sentenciaba en declaraciones a este periódico. Al día siguiente, el colectivo de víctimas Stop Accidentes registraba una carta en la Delegación de Carreteras del Estado, con sede en A Coruña, en la que instaba al Gobierno a “ofrecer el máximo de garantías de seguridad” en la vía de pago.
