Uno de cada diez municipios gallegos ya está al borde de la desaparición. El rural va camino de convertirse en un desierto demográfico, un declive que se agrava año tras año con la pérdida de población en el conjunto de la comunidad y el abandono del campo por parte de los más jóvenes. El mapa autonómico dibuja una Galicia vaciada en gran parte de su territorio, con más de 1.700 núcleos de población abandonados y 9.200 aldeas con menos de diez vecinos. Carreteras y corredoiras sin apenas tráfico, calles casi desiertas, aprovisionamiento de la despensa directamente de la huerta, el centro médico y la farmacia a kilómetros y sin una ruta de autobús que obliga a coger del taxi o, si hay, el coche particular, la peluquería también exige desplazamiento, la cobertura en el móvil falla… Es la fotografía de la Galicia que no logra detener su sangría poblacional debido al infrenable éxodo de los jóvenes y la continua caída de nacimientos pese a las políticas impulsadas desde las distintas administraciones para fomentar el asentamiento en municipios del rural y dar un impulso a las cifras de natalidad. Desde la patronal inmobiliaria gallega han promovido un proyecto para la dinamización del el rural que ya ha sido remitido a la Xunta para captar fondos europeos Next Generation, aprobados por la UE para la reactivación económica en la etapa pos-COVID.

Bajo el título Urbanismo productivo para afrontar el reto poblacional, la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) fija en un documento de 25 páginas cinco líneas de actuación con un plan financiero a 12 meses por 1,6 millones de euros: creación de una oficina técnica, apuesta por la rehabilitación y dinamización, impulso de una plataforma tecnológica para movilizar las propiedades, dinamización innovación empresarial y social y apoyo a la creación de empresas y empleo. La patronal, presidida por Benito Iglesias, defiende que la situación actual dibuja un “marco de oportunidades” para “contener el vaciado del rural y, a su vez, obtener un aumento paulatino y planificado de asentamiento poblacional”. En el proyecto presentado para captar fondos europeos, el sector destaca los cambios que ha provocado el COVID en los perfiles de demanda de vivienda hacia espacios más amplios y al aire libre, la implantación progresiva del teletrabajo, la extensión de infraestructuras avanzadas de conectividad, el desarrollo de planes estatales y autonómicos orientados a la rehabilitación y el acceso a la vivienda a colectivos desfavorecidos.

La iniciativa se basa en la necesidad de una política dirigida al medio rural y configurada como “instrumento transversal y multisectorial que permita la identificación y posterior implementación de soluciones con una visión integral y sostenible”. Para ello fija tres enfoques. El ascendente, en el que se busca implicar a empresas locales y concellos con el objetivo de afrontar actuaciones de desarrollo municipal “sobre la base de la colaboración público-privada”. El enfoque territorial se basa en la definición de estrategias de rehabilitación para facilitar el acceso a la vivienda. Y finalmente, el enfoque integrado que define este proyecto multifuncional e inclusivo” que “exige que las distintas administraciones y agentes intervinientes asuman esa visión completa y transversal”.

En un contexto marcado por la crisis desatada por la pandemia, el sector busca captar población a las zonas limítrofes de las ciudades y dinamizar el rural. En una encuesta realizada por el portal inmobiliario Lacooop en diciembre de 2020 apuntaba que el 60% de los compradores de casas viviría en zonas rurales y lejos de los núcleos urbanos si pudiera teletrabajar. El precio y la localización, apuntaba, son los factores que más tienen en cuenta los usuarios a la hora de buscar vivienda.

Siete son los objetivos generales que se marca la patronal inmobiliaria con este proyecto de colaboración público-privada: acercar el territorio a potenciales pobladores y emprendedores, proporcionar productividad al patrimonio inmobiliario rural infrautilizado, trabajar conjuntamente la oferta y la demanda de tierra para facilitar su acceso, promover el retorno poblacional visibilizando el valor añadido de los bienes residenciales o la utilidad y disponibilidad de otros activos para iniciativas empresariales, aumentar el nivel de transparencia en los mercados inmobiliarios, atraer inversión pública y privada orientada a una construcción sostenible y eficiente y capitalizar e incrementar el atractivo que el medio rural supone para ciertos sectores para favorecer tanto la permanencia como el asentamiento de nueva población en el rural, en especial, jóvenes y mujeres.