Casi seis años después de iniciarse la primera de las dos causas judiciales contra el exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, la Audiencia Provincial de Lugo ha dado carpetazo al llamado caso Garañón, exonerando de toda culpa al exdirigente socialista y a otros ocho investigados, entre los que se encontraba el que fuera alcalde de Lugo y barón del PSOE, Xosé Clemente López Orozco. El procedimiento judicial, emprendido por la jueza Pilar de Lara en 2015, inició el fin de la carrera política de Besteiro, que nueve meses después se vio forzado a renunciar a ser candidato a la Xunta y, pocos días después, a dimitir como secretario xeral del partido tras verse imputado de nuevo por la juez De Lara en otra causa judicial, la llamada Pulpo, que todavía no se ha cerrado. Ambos procesos fueron el motivo de que el mandato de Besteiro al frente del PSdeG durara apenas dos años y medio, sin que siquiera llegara a sentarse en el Parlamento gallego o a competir por la Presidencia de la Xunta.
El pronunciamiento de la Audiencia de Lugo supone además otro varapalo para De Lara, que ve una cómo su historial de procesos contra la corrupción política suma otro capítulo a su ya larga lista de causas frustradas. De hecho, la jueza perdió su plaza y fue sancionada con siete meses y un día de suspensión de funciones por “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales”, entre otros motivos.
Tanto Besteiro (en marzo de 2016) como Orozco (en junio de 2015 abandonó la Alcaldía) tuvieron que renunciar a sus cargos políticos por las instrucciones judiciales de De Lara. Por el caso Garañón, la jueza imputó al entonces líder del PSdeG cuatro delitos —tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio— por supuestas irregularidades en 2005, cuando Besteiro era concejal de Urbanismo en Lugo, en la concesión de una licencia para construir una torre de viviendas en el principal pulmón verde de la ciudad y por, a cambio, recibir favores como facilidades para la compra y reforma de una vivienda adquirida a un socio de la empresa que había vendido antes el solar en el que posteriormente se levantaron los pisos. El Concello de Lugo prometió derribar el edificio en este mandato.
Ahora, la Audiencia Provincial estima el recurso de los acusados y ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones sobre todos los investigados del caso Garañón al entender que “no existen indicios de la comisión de delitos”.
La Audiencia de Lugo es contundente a la hora de tumbar este caso, ya que asevera que la instrucción de De Lara “se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicios”.
Sobre la compra de la vivienda por parte de Besteiro, el auto indica que realizó un primer pago en efectivo y que “si bien no existe duda alguna de que no es la forma lógica de abonar una cantidad superior a 30.000 euros, tampoco puede señalarse que este mero hecho de abono en efectivo sea constitutivo de delito”.
Con respecto a la “trama urbanística” o “grupo criminal” para favorecer a determinados constructores —como defendía De Lara—, la Audiencia sostiene que ese presupuesto carece de base suficiente para poder afirmarse y que no se ha acreditado ningún concierto entre ellos ni existe relación jerárquica ni personal entre todos los investigados.
Sobre el posible delito de prevaricación urbanística, los magistrados insisten en que “no toda irregularidad en ese ámbito desencadena en una infracción penal” y que el derecho penal se reserva “únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas”.
Los jueces recuerdan que es preciso “distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito”. Y aunque no se discute si el proyecto de la torre de viviendas era mejor o peor, o que los informes de autorización de las obras fueron “meteóricos”, la Audiencia no encuentra indicios que se hubiera cometido algún delito.
Besteiro aún sigue como investigado en la operación Pulpo, en la que De Lara le acusó de seis delitos cuando era ya presidente de la Diputación de Lugo. Varias piezas se han archivado también, si bien las del exlíder del PSdeG siguen activas, al menos de momento.
Un largo historial de instrucciones terminadas en fiasco
De Lara ha sumado a su cuenta de resultados un nuevo fiasco judicial con el cierre del caso Garañón. Pero antes de este revés, la magistrada ya había sumado una larga lista de disputas competenciales y archivos de sus causas por falta de pruebas. Las anteriores, en agosto del pasado año, cuanto se archivaron las dos primeras piezas separadas de la operación Pulpo por estar basadas las instrucciones en meras conjeturas. Antes habían tomado el mismo camino ocho de las nueve piezas de la Pokemon por haberse topado con disputas de competencias entre distintos juzgados, acabar archivadas por la falta de pruebas o paralizadas por instancias judiciales superiores al no encontrar causas objetivas contra los imputados. Sus causas fueron excesivas y muy largas, como la Carioca, que llegó a tener hasta 500 investigados tras diez años y aun sigue sin cerrar, aunque el caso está ya totalmente desinflado por el número de imputados y las escasas penas que se piden. Su forma de trabajar llevó a que el Consejo General del Poder Judicial ratificara en septiembre de 2019 la sanción de siete meses y un día de suspensión de sus funciones por la comisión de una falta muy grave de desatención y demoras injustificadas en sus instrucciones. Esto le provocó la pérdida de su plaza en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que ahora ocupa el magistrado Joaquín Brage, que ha heredado los miles de folios de las macrocausas iniciadas por su antecesora y todavía pendientes de finalización. De Lara se encuentra actualmente destinada en un juzgado de Ponferrada.
