Tres citas con las urnas en menos de un año fueron más que suficientes para que PP y PSOE reconociesen ya en 2012 el fracaso de la reforma del voto emigrante pactada por ambos partidos en Madrid hacía solo un año. Ya entonces se plantearon una nueva modificación de la ley para tratar de incentivar la participación de los residentes en el exterior, que con la implantación del voto rogado (sistema que exige a los electores que soliciten el envío a su domicilio de la documentación electoral) cayó en picado. Tras los nulos avances logrados en el seno de la subcomisión en el Congreso para abordar una modificación más amplia de la Loreg y una proposición de ley pactada por PSOE y Podemos hace dos años para suprimir el voto rogado, pero que quedó en nada por el adelanto electoral, los socios de coalición retomaron ayer la propuesta con la que quieren evitar que los españoles residentes en el exterior que quieran participar en unas elecciones autonómicas, generales o europeas —por la reforma de 2011 la emigración quedó excluida de las municipales por tratarse de unos comicios de proximidad— tengan que pedir las papeletas. La reforma planteada se centra en la ampliación de plazos para que no peligre la llegada de los sufragios del exterior y la posibilidad de que los electores pueden descargarse telemáticamente las papeletas, lo que facilitará que se reciba la documentación en plazo, a diferencia de lo que “ha venido sucediendo hasta ahora”, recoge el texto.
Hasta la reforma de 2011 el voto emigrante, deseado por todos los partidos y siempre rodeado de polémica por las sospechas de fraude, era uno de los grandes protagonistas en cada cita con las urnas en Galicia por su cada vez mayor peso. La evolución del censo electoral habla por sí sola. En la actualidad son ya más de 463.000 los gallegos en el exterior con derecho a voto, un 20% más que los 387.000 registrados hace una década. La tendencia dentro de la comunidad ha sido la inversa: poco más de 2,2 millones de potenciales electores frente a los más de 2,3 millones de hace una década, lo que supone una caída de más del 3%.
Desde la Xunta, pese al voto favorable del PP en Madrid para la implantación del sufragio rogado, cuestionaron desde el minuto uno la reforma por entender que “restringía” los derechos de la diáspora. La Secretaría Xeral de Emigración urgía ya en septiembre de 2011 a explorar “otras fórmulas” como el “voto directo” en embajadas y consulados, mantener el sufragio por correo y estudiar la implantación vía telemática.
Cada convocatoria electoral no hizo más que confirmar lo que habían advertido los colectivos desde la emigración: la caída en picado de las sacas de papeletas procedentes del exterior. Tras la reforma electoral, la participación de la diáspora en autonómicas, generales y europeas no rebasó el 5%, frente a más de un 30% que lo hacían antes de que fuesen vetados en las municipales y obligados a pedir la documentación electoral para emitir su sufragio en el resto de comicios.
Reforma
Con este nuevo intento, según explican fuentes de Unidas Podemos, la intención es que al aprovechar el primer cupo de que dispone el partido para registrar proposiciones de ley se pueda votar su tramitación a finales de este mismo mes. A partir de ese momento, la propuesta empezaría su recorrido parlamentario.
La proposición que el PSOE y Unidas Podemos registraron ayer propone que los españoles en el exterior puedan descargarse telemáticamente las papeletas, lo que facilitará que se reciba la documentación en plazo. Además, se ampliaría el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general.
Sí proponen mantener el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma de 2011: obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral una fotocopia del pasaporte o del DNI o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia.
El mapa europeo del voto emigrante
Hasta hace diez años, España era junto con Alemania y Noruega de los pocos países europeos que permitían a los emigrantes y a sus descendientes votar en las elecciones municipales. Con la reforma pactada por PP y PSOE con los nacionalistas, los españoles residentes en el exterior ya no pueden elegir a los alcaldes de sus localidades de origen y quienes quieran participar en las autonómicas y generales deben pedir las papeletas, ya que no llegan a su domicilio salvo que soliciten la documentación electoral. La tendencia en la UE durante los últimos años sido que los inmigrantes participen en los comicios locales, por tratarse de una cita electoral de proximidad, y dejar fuera a los emigrantes. Países como Portugal, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, Bélgica o Suiza vetan a la diáspora en las municipales y tan solo les permiten el sufragio en las generales. Italia o Portugal permiten que la emigración tenga una circunscripción propia, pudiendo elegir entre sus propias listas a varios diputados y senadores. En España, el voto exterior se suma al de los residentes en el país. Una situación que, dado el peso del voto emigrante en Galicia, obliga a esperar el recuento de las sacas del extranjero para saber quién se hace con el bastón de mando. En el país vecino, los portugueses que residen en el exterior solo pueden participar en las elecciones legislativas y presidenciales, pero en las legislativas pueden elegir a sus representantes —cuatro diputados—. En Italia, los emigrantes únicamente votan en las generales pero cuentan con una circunscripción propia. En Reino Unido, la emigración puede participar en locales tan solo si están en el municipio en el momento en que sean convocadas, pero si llevan más de 15 años fuera del país están vetados en las generales.
