Durante estas semanas previas al próximo 5 de marzo, fecha límite para realizar aportaciones a una nueva ley, se están llevando a cabo una serie de eventos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña. En dichos actos se persigue recoger las preocupaciones y pareceres de la ciudadanía en general, y de las y los profesionales en particular, sobre esa ley: la Ley de la Arquitectura de Galicia. Pretende elaborarse con un elevado nivel de participación. Y sin embargo, desconocemos muy bien qué busca el actual gobierno autonómico, poseedor de una amplia mayoría parlamentaria para tramitarla sin oposición.
Incluso nos sorprendemos al escuchar a nuestra amiga y compañera, la Secretaria Xeral de Urbanismo, manifestarse públicamente contraria a su redacción. Esto nos lleva a preguntarnos quién o quiénes tienen interés en promulgarla y a qué intereses representan; quiénes son los legisladores que la formulan; y a quiénes se les consulta. Tres cuestiones de una trascendencia evidente para elaborar cualquier texto, como corroboran los especialistas en legislación.
Por otra parte, hace escasos días, ha entrado en vigor la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia para simplificar, la llamaremos LOTGa 2021—, publicada en el Diario Oficial del jueves 14 de enero. En su exposición de motivos —el apartado de mayor relevancia según los expertos jurídicos— se enuncian los objetivos que persigue: desarrollar el medio rural, garantizar la protección del paisaje y la sostenibilidad ambiental, facilitar la accesibilidad a los servicios e infraestructuras públicas, luchar contra el cambio climático, incorporar transversalmente la perspectiva de género como elemento transformador, y avanzar hacia una ciudad cuidadora que atienda a las necesidades de las personas.
Así mismo, el texto pretende atender a las indicaciones contenidas en el documento de la Estrategia Territorial Europea, de 1999, y sustituir a la anterior ley de ordenación territorial gallega, vigente desde 1995. De la lectura del texto recientemente aprobado no se desprende si se ha analizado el grado de cumplimiento de esta última ley en su periplo de veinticinco años. Un análisis necesario para desvelar tanto los objetivos logrados, como aquellos otros que no se han alcanzado, profundizando en las causas de una y otra circunstancia.
Dos textos legislativos, uno por formularse, y otro elaborado y en vigor. Más o menos dentro de la nebulosa costumbre de mudar para que todo siga igual. Sin embargo, no hace falta esperar el transcurso de los años para estimar la eficacia de una ley. Vamos a intentarlo con la mencionada LOTGa 2021. ¿Es factible? La respuesta nos la ofrecen nuestros dos amigos, los físicos Ana Jesús L. y Alberto R., que nos recuerdan la frase de Lord Kelvin: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Entonces, ¿qué herramientas nos permitirán medir una ley que se acaba de publicar? En principio se nos ocurre una. Seguro que existen más. Con este fin, estableceremos una secuencia de palabras clave vinculada a los objetivos perseguidos en ella: medio rural, agricultura, actividad/es, paisaje, sostenibilidad, infraestructuras públicas, cambio climático, perspectiva de género, igualdad, personas, y ordenación del territorio. Y a continuación, cuantificaremos el número de veces que aparecen en el texto completo de la ley. El resultado se visualiza de manera inmediata en el gráfico adjunto.
En las 77 páginas del texto legislativo conviene resaltar, en primer lugar, que seis de los once términos considerados —más del 50%— aparecen repetidos menos de 10 veces. En concreto, la palabra agricultura no se cita, los vocablos medio rural y sostenibilidad se repiten en 3 ocasiones, el concepto igualdad en 4, la expresión cambio climático en 5, y la de perspectiva de género en 7 —si bien, la palabra género se cita otras 3 veces más—. En segundo lugar, que de los restantes cinco términos, tres se emplean en una proporción similar. Es el caso de paisaje, infraestructuras públicas y actividades, usados 29, 31 y 35 veces respectivamente. Al cuarto, persona, le corresponden 93 menciones, de las cuales 24 se ligan a la expresión persona promotora. El quinto término, ordenación del territorio, se aplica en 317 ocasiones —una media aproximada de 4 veces por página—, rompiendo la elemental regla de no incluir lo definido en la definición.
Permítannos introducir dos vocablos más. El primero, la palabra informe/s, que se identifica en 49 casos. ¿No resulta significativo que un instrumento administrativo ocupe el tercer lugar en el número de registros? El segundo, la voz Arquitectura, ausente en la exposición de motivos, al igual que en las 77 páginas de la norma. No obstante, la Arquitectura no se comprende sin vincularla al lugar dónde se ubica. La construcción del hábitat se sustenta en el entendimiento tanto de las formas del territorio como del paisaje, en sus dimensiones estética y cultural. Aspectos imprescindibles para atender al dinamismo de la sociedad que ocupa y transforma ese mismo territorio y paisaje.
Curiosamente, en estos días, en las sesiones “de debate” en la universidad, dos de las voces más socorridas al hablar de una futura ley de la Arquitectura son las personas y el territorio. Una invocación que no parece provocar dudas.
Recordemos que “en el principio existía el Verbo”, que las palabras se encuentran llenas de significado, y que no son neutras. En consecuencia, qué podemos esperar de una legislación ex novo, cuando los vocablos que le podrían dar sentido se utilizan en tan parcas proporciones. Cuando en los términos definidos en ella se omiten las actividades y usos de un territorio con una fuerte vocación agrícola. Cuando desdeña la sostenibilidad y el cambio climático como hechos apremiantes. Cuando subestima la igualdad o la perspectiva de género como motor de transformación. Cuando relega a las personas a un papel de promotor, olvidándose de su rol de usuario. Cuando la herramienta de mayor relevancia para la gestión legislativa son los informes. En definitiva, cuando los textos que se elaboran reflejan la desconfianza en la ciudadanía. Y como corolario, esta, a su vez, recela de sus legisladores.
En las dos décadas del siglo XXI, al compás de los cambios de criterio político, la legislación se ha incrementado exponencialmente. Una situación que genera incertidumbre en vez de confianza, por las interpretaciones contradictorias, las duplicidades y antagonismos normativos. Que provoca una gestión burocrática lenta e ineficiente del hecho construido. Inapropiada en suma.
Nosotros, en principio, sugerimos la aplicación de la regla de las tres “C”, aplicada a la legislación: clara, concisa y concreta. O, lo que es lo mismo, legible, eficaz y útil. Y aun cuando sabemos que esta básica propuesta está destinada a fracasar, no nos desanimamos. Sara Revuelta, estudiante de Física, y deportista paraolímpica madrileña, capitana de la Selección nacional de baloncesto en silla de ruedas, es quien mejor lo expresa: “Invencible no es quien nunca cae, sino quien siempre se levanta”. Seguro que vendrán más leyes, y entre ellas la de la Arquitectura.
*Profesores e investigadores na Escola de Arquitectura da UDC
