Más de mes y medio después del inicio de 2021, la rebaja de peajes de la Autopista do Atlántico (AP-9) sigue en el cajón, pese a que el Gobierno central consignó en las cuentas estatales de este año 50 millones de euros para financiarla y el BNG enarboló la medida como un logro propio a cambio de su apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente. Ante esa “inacción”, la Xunta mueve ficha y propone al Ejecutivo establecer rebajas de hasta el 62% para turismos y del 60% para el transporte pesado.

Así lo avanzó ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello. El jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, no compareció porque partió rumbo a Madrid para entrevistarse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Rueda explicó que su propuesta “no busca el empobrecimiento de la concesionaria, pero tampoco el enriquecimiento” y que se ajusta a esos 50 millones, que “no sirven de nada si quedan en el papel”.

La petición gallega pasa por la gratuidad del viaje de vuelta para turismos, que también tendrían un 25% de rebaja en el viaje de ida si se produce el mismo día, lo que supondría una reducción del peaje del 62,5%. En el caso del transporte pesado, el descuento sería del 60% para todos los días de la semana. La decisión recae en manos de la administración central, titular de la vía, pues aún no se ha cerrado la transferencia a la comunidad, solicitada desde hace años.

El vicepresidente primero también criticó la alegación de la concesionaria, Audasa, contra la gratuidad del peaje entre Vigo y Redondela, también comprometido por el Ejecutivo central. Esgrime posibles colapsos para rechazar esa medida, cuya puesta en marcha tampoco ha sido concretada.

“Pedimos que se cumpla lo prometido desde 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que se libere el peaje de Redondela y que se le apliquen las bonificaciones comprometidas de las que poco o nada se sabe”, declaró.

Las alegaciones de Audasa contra esa gratuidad son “un caso más en el que la opinión de la concesionaria y de la Xunta divergen”, añadió en respuesta a la prensa.

Los peajes de la AP-9 han supuesto un debate continuo en Galicia, afectada por la ampliación al máximo legal permitido del período de concesión de la infraestructura decidida por el Gobierno del PP presidido por José María Aznar. Ese acuerdo expirará en 2048.

Además, el pacto para ampliar la vía de la administración socialista supone un aumento de peajes añadido para financiar las obras, lo que convierte, recordó Rueda, a la autopista en “la más cara” de España.