La alianza entre los gobiernos de España y de Portugal para relanzar la construcción de una línea ferroviaria de altas prestaciones entre Galicia y Oporto ha sido bien recibida en Galicia. Empresarios y Xunta celebran el impulso a esta infraestructura y la decisión de los dos países de proponer su inclusión en la red prioritaria del Corredor Atlántico, con lo que tendrá acceso a fondos europeos para su financiación con el año 2030 como horizonte para su conclusión. Sin embargo, este respaldo también tiene su contrapartida, pues la patronal reclama celeridad y que la nueva línea sirva tanto para el transporte de viajeros como de mercancías.
El acuerdo entre Portugal y España de retomar el tren Vigo-Oporto se tomó el pasado miércoles en una reunión de las cúpulas de los ministerios de Fomento y Transportes de ambos países, lo que supone devolver a la actualidad un proyecto que quedó paralizado hace una década por la crisis económica.
El Gobierno portugués decidió, por entonces, aparcar las grandes inversiones, pero el pasado año decidó recuperar las conexiones ferroviarias, dando prioridad a la comunidad con Galicia frente al AVE entre Lisboa y Madrid.
Desde la patronal celebran la noticia ya que —apuntan— “después de años de olvido esta zona fronteriza entre Galicia y el Norte de Portugal, especialmente dinámica en lo económico, tiene su cuota de atención y recursos financieros para salvar su condición periférica y fomentar la reindustrialización y repoblación del territorio”.
La Xunta celebra la “rectificación” del Gobierno español de sumarse a la apuesta de Portugal de dar prioridad a la conexión con la comunidad gallega en vez de la de Madrid. Pero reclama al Ministerio de Transportes acciones específicas que ratifiquen su declaración de intenciones. “Lo que necesitamos es que este anuncio se traduzca en un plan de obras e inversiones que plasme un compromiso inequívoco con la conexión Vigo-Oporto, un proyecto estratégico para fortalecer la eurorregión y permitir afianzar las relaciones y la competitividad de ambos territorios”, sostiene el Gobierno gallego.
