Casi medio centenar de organizaciones conservacionistas de diferentes lugares de España han suscrito un manifiesto en el que expresan su apoyo a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe). Estas organizaciones (46) recuerdan que ya el año pasado el comité científico recomendó esta inclusión, lo que para ellos “pone de manifiesto el consenso de la comunidad científica sobre la necesidad de buscar un nuevo marco de relación con la especie”, y apostillan que la gestión desarrollada hasta ahora “no ha solucionado los conflictos que genera la presencia de la especie, ni garantiza su conservación”.

Los argumentos conservacionistas se basan en una resolución de conflictos “que no puede basarse en la muerte de lobos”. Se muestran contra la gestión cinegética que “supone la muerte indiscriminada de ejemplares” (sic) “independientemente de las circunstancias que lo motiven y justifiquen en cada caso”, y frente a esto defienden el nuevo modelo que pretende implantar el ministerio, en el que se permite “la captura o muerte de ejemplares” regulada con procedimientos administrativos “motivada de manera pública y bajo especificaciones y circunstancias concretas”.

Por otro lado, creen que la Administración debe ayudar a las explotaciones ganaderas a adquirir mastines, levantar cercados de recogida y guarda o implantar nuevas tecnologías de seguimiento del ganado. Con ello creen que se reducirá “significativamente” el número de ataques de lobos al ganado.

No obstante, también defienden la necesidad de “componer un nuevo sistema de compensación de daños” porque el procedimiento actual, dicen, “no es capaz de evitar usos fraudulentos y hacer una adecuada evaluación del perjuicio ocasionado en caso de ataque de lobos a una explotación”. Por ejemplo, los animales desaparecidos, los abortos, las pérdidas de producción las cadencias en la reposición de animales no se contabilizan actualmente. “Aunque desde el punto de vista macroeconómico los daños provocados por la especie, aun considerando las carencias señaladas, no son relevantes y pueden ser asumidas por el conjunto de la sociedad, pueden ser muy notables y críticos para las explotaciones particulares”.

El manifiesto concluye afirmando que la inclusión del lobo en el Lespe “abre un nuevo escenario que puede permitir una mejor y más adecuada conservación de la especie, y una gestión de los conflictos con la ganadería de carácter más preventivo y justo”.

La polémica del lobo ibérico protagonizará la actividad parlamentaria de esta semana con diversos debates y la comparecencia de dos ministros, a petición propia, en el Senado. La cita clave se prevé para el jueves cuando la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, comparezcan de manera conjunta en el Senado para explicar las políticas de sus departamentos respecto a la situación del lobo ibérico.