Todos los partidos apoyaron ayer reformar la Ley Electoral y derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero con el fin de agilizar el trámite, permitir que las papeletas lleguen a tiempo. El sufragio rogado, que obliga a la diáspora a pedir la documentación electoral y que en muchas ocasiones no llega en plazo al recuento, hizo caer la participación en picado desde que hace ya diez años PP y PSOE pactaron la reforma del voto emigrante, por la que además se eliminó la participación de la emigración en las elecciones municipales.

A falta de la votación, el pleno del Congreso dio luz verde a tramitar la proposición de Ley del PSOE y de Unidas Podemos que insta a implementar un sistema de descarga telemática de las papeletas y amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días para que el recuento de las papeletas pueda hacerse mejor.

Desde los grupos proponentes de la reforma, la socialista Pilar Cancela reconoció que el voto rogado “no solo ha impedido el derecho al sufragio activo” sino que ha instalado la sensación de que los residentes en el exterior “han sido castigados”. Por eso, aprovechó su intervención en la tribuna para pedirles perdón, por haberles tratado como “ciudadanos de segunda” y haber “atenazado” su derecho a participar en las elecciones.

Con la reforma de 2011, pactada entre el PSOE y el PP, se intentó acabar con la sospecha de irregularidades en la emisión y el recuento de votos, pero se pasó de una participación del 30 por ciento del censo del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a poco más del 5% en las últimas convocatorias electorales.