El exconcejal socialista del Concello de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Liñares, negó ayer haber recibido entregas de dinero de 15.000 o hasta 25.000 euros por parte de empresarios que obtuvieron concesiones del ente público entre los años 2009 y 2012. En el arranque ayer de la primera sesión de una de las piezas separadas de la operación Pokemon, ocho de los nueve empresarios encausados pusieron contra las cuerdas a Liñares al declarar que dieron cuantías al que entonces era presidente de la CH Miño-Sil de hasta 30.000 porque “lo pedía”.
Los hechos que se juzgan están centrados en las actividades de Liñares al frente de la Confederación Hidrográfica y tanto para él, como para el resto de acusados, el Ministerio público pide cinco años de prisión por cohecho, junto con inhabilitación de seis años para contratar con la administración y para obtener ayudas públicas o subvenciones. Además, por delito de prevaricación, la Fiscalía solicita en su escrito de acusación diez años de inhabilitación para ocupar un cargo público.
El juicio arrancó con las cuestiones previas y, tras un receso, de la sala del tribunal, quedaron anuladas las actuaciones posteriores al 23 de septiembre de 2012, tras el ingreso en prisión de Francisco Liñares decretado por la jueza instructora y que su abogado, Evaristo Nogueira, calificó de “privación de la libertad irregular” por el tiempo transcurrido desde su detención hasta que se puso a disposición judicial y decretó la cárcel provisional.
En su declaración, Liñares se mostró rotundo con un “absolutamente no” en respuesta a su abogado cuando fue preguntado acerca de si recibía entregas de dinero a cambio de adjudicaciones. Además, aseguró que en su despacho “nunca había un expediente” ni “custodió ningún documento” de las adjudicaciones, que las llevaba a cabo —dijo—- el servicio de contratación (en caso de contratos menores) o las mesas de contratación, en cuya composición estaban el abogado del Estado y el interventor de Hacienda, informa Europa Press.
En respuesta a su abogado, dijo que él “no tiene ni correo electrónico ni WhatsApp”, en referencia a las declaraciones de los acusados que afirmaron que recibieron invitaciones directas a participar en adjudicaciones. Así, consideró que “no le extraña nada que las empresas tuvieran acuerdos previos”, aunque afirmó que lo “desconocía”.
Solo uno de los empresarios encausados rechazó haber hecho entrega de cuantías a Liñares y negó también cualquier contacto previo que le pudiese beneficiar a la hora de conseguir adjudicaciones. El resto de los acusados repitieron un patrón de respuestas a la Fiscalía asegurando que eran invitados a las adjudicaciones de forma previa, que en algunos casos se encargaron de buscar a las empresas competidoras y que tenían relación o trato personal con el propio Liñares, ya fuera de antes o por ser una persona pública en aquel momento.
Además, de forma general, declararon que o bien vía correo electrónico o por carta, recibían esas invitaciones. Algunos dijeron que pactaban cuantías con Liñares que abonaban después de la contratación conseguida con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y que entregaban el dinero “en sobres” personalmente, aunque uno de ellos aseguró que lo hizo a través de otra persona.
