Por “carecer de base científica”, fundamentarse en un informe basado en criterios subjetivos, haberse manifestado en contra la propia Dirección de Producciones y Mercados Agrarios, no tener en cuenta los planes de gestión de las comunidades loberas y una cadena de incumplimientos por parte del Ministerio de Transición Ecológica, la Xunta rechaza de plano la inclusión del lobo en el Listado de Especial Protección de Especial Silvestre (Lespre) y, en consecuencia, que se prohíba su caza en todo el territorio. A dos días que de concluya el plazo para la presentación de alegaciones al proyecto de orden ministerial para el blindaje del cánido, la Consellería de Medio Ambiente presentó ayer sus alegaciones por considerar “absolutamente injustificada, innecesaria e inoportuna” la protección que pretende el departamento que dirige Teresa Ribera cuando Galicia cuenta con un plan de gestión del lobo para “garantizar la viabilidad de la especie, manteniendo una población estable y al mismo tiempo compatibilizar su existencia con la viabilidad económica de las explotaciones agropoecuarias. Para ello la comunidad gallega ya “adopta medidas preventivas y establece líneas de ayudas” para paliar los daños causados por los cánidos.

En un documento de 19 páginas, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén Do Campo, relata los motivos que llevan a una de la comunidades loberas, que junto con Asturias, Castilla y León y Cantabria concentran el 95% de todos los lobos de España, a reclamar al Gobierno central que dé marcha atrás en su decisión de declarar el lobo una especie protegida, acuerdo que se tomó en la comisión estatal de Biodiversidad el pasado 4 de febrero. En segunda votación, la propuesta —elevada a propuesta de la asociación Ascel— salió adelante con el voto de la presidencia de la comisión ya que recibió el apoyo de ocho comunidades y el rechazo de otras ocho, si bien Ceuta no pudo participar por problemas de conexión.

“Defectuoso cumplimiento”

Dos son los ejes sobre los que se sustentan las alegaciones presentadas desde Galicia a la consulta pública previa sobre el proyecto de orden ministerial: carecer de base científica y de toda justificación de la necesidad de protección adicional del lobo en el Noroeste así como el “defectuoso cumplimiento” por parte del Ministerio del trámite de consulta a las comunidades a través de los órganos consultivos en los que están representadas, lo que “vicia” la tramitación.

En sus alegaciones, la Xunta carga contra la cadena de incumplimientos que se han cometido desde el Ministerio de Transición Ecológica, así como destaca el rechazo de plano manifestado desde el Ministerio de Agricultura la víspera de la comisión estatal de Biodiversidad para abordar el futuro del cánido.

En sus alegaciones, la Xunta acusa al Gobierno central de ignorar la oposición manifestada por las comunidades a esta inclusión ante los dos órganos consultivos en los que están representadas: el comité de Flora y Fauna Silvestres y la comisión estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Fue precisamente en una reunión del pasado 16 de septiembre cuando la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio la que traslada que las decisiones relativas a la protección de las especies han de tomarse “por consenso y no por votación” y ante la falta de consenso se decisión ”aparcar” la catalogación, advierte la Consellería de Medio Ambiente. El acuerdo entonces había sido el de elaborar una nueva estrategia “pilotada” por Gobierno y comunidades.

Además de no haber sido convocada la reunión de la comisión de Patrimonio Natural con 15 días de antelación, añade la Xunta, el acuerdo debió haberse elevado para su “aprobación o conocimiento” al Consejo Sectorial de Medio Ambiente, “sin que hasta la fecha se haya convocado”.

El departamento que dirige Ángeles Vázquez advierte además que el trámite exige un “posicionamiento fundamentado” de la Dirección General de Biodiversidad —“pronunciamiento que falta”, alega— además de una “memoria técnica justificativa” que también “falta”.

El propio informe científico en el que se basó Transición Ecológica para avalar su protección, según destaca la Xunta, reconoce que se base en criterios subjetivos por los que se limita a “aconsejar” su inclusión en el Lespre. Además, el comité científico —añade la Xunta— “reconoce” que esta protección del lobo “implicará graves problemas para la agricultura y la ganadería”. En este sentido, Medio Ambiente advierte de que aumentará la conflictividad por los daños causados por los ataques al sector agroganadero.

La guerra del cánido se traslada al Senado

La guerra por la protección del lobo no solo es del Noroeste con el Ministerio de Transición Ecológica. En el propio Gobierno hay dos visiones sobre cómo deben controlarse las manadas. Por un lado, el departamento que dirige Teresa Ribera ha sacado adelante el blindaje del cánido, lo que supone que en las comunidades al norte del río Duero donde hoy está permitida su caza controlada pase a prohibirse. Pero enfrente tiene al ministro de Agricultura, Luis Planas, quien nada más aprobarse la inclusión del lobo en el Lespre salió en defensa de la comunidades del Noroeste por sus planes de gestión para el controlar las poblaciones de lobo y garantizar la cohabitación con el sector agroganadero. Hoy Ribera y Planas se verán las caras. Y lo harán en una comparencia conjunta en el Senado para informar sobre los trabajos del Gobierno para la protección del lobo y la tórtola y de las medidas de apoyo a la ganadería extensiva. Además del rechazo de la comunidades loberas, la inclusión del cánido en el Lespre cuenta con la oposición de las organizaciones agrarias, que anunciaron movilizaciones por el “desprecio” y el “abandono” del Gobierno a los ganaderos “que se enfrentan a los lobos cada día”. A unas horas de su comparecencia en la Cámara alta, Ribera aseguró que la ganadería extensiva es “prioritaria” para el Gobierno y que la protección del lobo “no supone entrar en un “partido de ping-pong” entre el ganadero y el lobo sino en buscar mecanismos de coexistencia para solucionar un modelo que “no funciona”.