La Xunta acaba de enterrar de manera definitiva la mina de Touro, un yacimiento que en la actualidad funciona como cantera para la obtención de áridos y que Cobre San Rafael se proponía reabrir para la producción de cobre. La resolución del Gobierno gallego llega más de un año después de que la Consellería de Medio Ambiente emitiese una declaración de impacto ambiental negativa, tras el análisis de dos informes “desfavorables” e “insalvables” de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. Ayer el Ejecutivo autonómico comunicó la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, dependiente de la Consellería de Economía, por la que se da continuidad a la declaración de impacto ambiental desfavorable que Medio Ambiente emitió en enero del año pasado.

Casi cuatro años después de que Cobre San Rafael presentase el proyecto en la Consellería de Industria, con el objetivo de impulsar la explotación de unas 700 hectáreas de superficie, y con decenas de manifestaciones en contra de colectivos ecologistas y asociaciones vecinales que acabaron por constituir una plataforma de rechazo a la mina de Touro, llega la resolución de la Xunta. En ella, se remarca que cualquier iniciativa minera debe contar con “todas las garantías técnicas, ambientales y urbanísticas, y todos los requerimientos que marca la legislación”. Por este motivo se rechaza la aprobación del plan de restauración presentado por la promotora de la mina, ya que, entre otros motivos, corresponde a un proyecto de explotación rechazado, motivo por el cual está previsto que se remita en los próximos días un segundo requerimiento a la empresa para solicitar la actualización de este plan de restauración.

En la declaración de impacto ambiental negativa emitida por Medio Ambiente el año pasado, se apuntaba a que “no se garantizaba la sostenibilidad ambiental”, según constataron dos informes técnicos “desfavorables” e “insalvables” de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. Entre otras cuestiones, apuntaba a la afectación del proyecto minero en la “calidad de las aguas” de los municipios de O Pino y Touro, al tiempo que “si hay un desastre” no se garantiza la protección de una zona de especial conservación (ZEC). Y el estudio solicitado a Augas concluye que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, con el consecuente riesgo para un estado ecológico óptimo.