El Ministerio de Transición Ecológica tiene vía libre para continuar con su proyecto de declarar el lobo una especie protegida y, en consecuencia, vetar su caza en todo el país. Una decisión que implica que en las comunidades loberas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, con el 95% de los ejemplares de España, también se prohibirán las batidas controladas del cánido que recogen sus respectivos planes de gestión. Ni la batalla que se propone librar el Noroeste, que ha sumado a su cruzada contra el blindaje del lobo a otras cinco autonomías y a la ciudad de Ceuta, ni la movilización de partidos en el Congreso y el Senado, han logrado hasta el momento paralizar el acuerdo de la comisión estatal de Patrimonio y Biodiversidad, que el pasado mes de febrero acordó, pese a no haber consenso, incluir el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial.

El Congreso y el Senado fueron ayer el nuevo escenario de la ya conocida como guerra del lobo. La Cámara baja tumbó la propuesta de Foro Asturias, PP y Vox para evitar proteger al lobo y poder cazarlo también al sur del Duero. La iniciativa fue rechazada con los 166 votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias y las 38 abstenciones de ERC, JxCat, PNV, CUP y Cs, frente a los 143 votos favorables que sumaban los proponentes.

La propuesta es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida el martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo. En la moción, reclamaban recuperar la voluntad de consenso institucional entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades en la comisión de Patrimonio Natural, que el pasado 4 de febrero decidió la modificación del estatus sobre el lobo en una apretada votación que contó con el rechazo de las comunidades loberas. También exigía que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, y singularmente Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, y solicitaba trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, que sustituya la vigente de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados. Esto es precisamente lo que defienden las comunidades del Noroeste y que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, propuso ante su homóloga en Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparencia conjunta en el Senado la última semana de febrero.

Precisamente ayer la Cámara alta rechazó una moción para paralizar la protección del lobo ibérico. La propuesta, consecuencia de una interpelación del Partido Popular y que contó con la inclusión de una enmienda de adición, registró 257 votos emitidos telemáticamente, con 107 votos a favor, 118 en contra y 32 abstenciones, según detalló la presidenta del Senado, Pilar Llop.

El senador por el Grupo Parlamentario Popular, Jorge Domingo Martínez, sostuvo que la inclusión del lobo en el Lesrpe “no tuvo consenso suficiente como para sacar esa decisión adelante, ya que fue necesario una segunda votación”.

Martínez manifestó que en el informe del comité científico “no se dice en ningún caso que se tenga que incorporar al lobo en el Lesrpe” y ha declarado que los “mayores especialistas son los ganaderos” al estar en ese medio rural con los “potros y ovejas que son atacados por los lobos”.