La Fiscalía quiere sentar en el banquillo a los autores de atropellos en pasos de cebra, carril-bici y arcenes en los que las bicicletas tienen preferencia. Con independencia de la gravedad de las lesiones, los policías locales estarán obligados a partir de ahora a abrir atestados en este tipo de siniestros con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas y aumentar los procesos penales.

Así lo recoge un oficio remitido ayer por el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, a las policías de tráfico en los que da criterios unificados y detalla de modo pormenorizado para las distintas infracciones los supuestos en los que es obligatorio levantar atestado y dar traslado del mismo a la jurisdicción penal. De esta forma, será obligatorio también cuando se produzcan atropellos a ciclistas en adelantamientos sin guardar la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, una maniobra “generadora de siniestralidad en el colectivo ciclista” que por su vulnerabilidad merece una “tutela específica” como los peatones, según la Fiscalía.

Los agentes también tendrán que incoar atestado en las infracciones por saltarse un stop, un ceda el paso o un semáforo en rojo, en los cambios de dirección a la izquierda cuando no haya visibilidad suficiente o al incorporarse a otra calzada sin advertirlo con la suficiente antelación, así como en maniobras de conductores profesionales en las que concurran cansancio, fatiga o sueño. También se imparten indicaciones orientadas a mejorar la asistencia e información que las policías de tráfico y la Fiscalía deben prestar a las víctimas con el objetivo de que sean “adecuadamente oídas”, informadas y atendidas desde el primer momento y durante todo el procedimiento.

Vargas cuestionó ayer que “con más frecuencia de la que se debe” no se levantan atestados, por lo que se archivan los procedimientos penales y las víctimas tienen que acudir a la vía civil si quieren ver resarcidos sus daños para lo que se necesita tener recursos económicos.

“Hoy damos un paso trascendental para las víctimas”, destacó el fiscal, quien precisó que tras el primer momento de dolor, luego vienen las secuelas físicas y psíquicas que necesitan reparación moral y económica.

“Inseguridad jurídica”

Vargas señaló además que los criterios respecto de los casos en los cuales hay que levantar atestado son claros para los policías de tráfico “para que de una vez por todas se ataje la impunidad que se está produciendo” y para acabar con la inseguridad jurídica que hace que en un sitio no se eleve atestado y en otro haya condena por el mismo supuesto.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, calificó la instrucción de “paso esencial” en la protección integral de las víctimas y ha recalcado que las muertes por accidente de tráfico (1.350.000 al año en el mundo) son una pandemia. Delgado recordó que un tercio de las sentencias que se dictan en España se refieren a juicios relativos a la seguridad vial y en un 80 % de los casos son condenatorias.

Por otro lado, el fiscal de Seguridad Vial aseguró que “en casos puntuales, cuando es imprescindible y necesario” se están investigando los móviles de los conductores cuando se sospecha que su uso haya provocado una distracción al volante y generalmente la sospecha se confirma, informa Efe.