La Xunta vigila si el COVID provoca un ‘boom’ de galpones convertidos en casas vacacionales

La APLU ve prematuro analizar ahora el impacto porque estas inspecciones duran al menos seis meses. El parón de la pandemia salva del derribo la mitad de obras ilegales que en 2019

La Xunta vigila si el COVID provoca un ‘boom’ de galpones convertidos en casas vacacionales | HUGO BARREIRO

La Xunta vigila si el COVID provoca un ‘boom’ de galpones convertidos en casas vacacionales | HUGO BARREIRO / R. prieto

El confinamiento impuesto por el estallido del COVID y las restricciones de movilidad han despertado un interés cada vez mayor por las viviendas con finca en las afueras y por pisos más amplios con terraza. Son muchos los que ya han contratado la reforma de la casa del abuelo en la aldea para escapar los fines de semana o, si está cerca de la ciudad, incluso teletrabajar desde allí. Y los que tienen una finca en el rural lo ven como el sitio ideal para convertir un galpón en vivienda a la que escaparse los viernes nada más acabar la jornada laboral, huir de las cuatro paredes del piso en el centro y disfrutar de la naturaleza. Pero con la ley se topan estas construcciones que no están permitidas en suelo rústico ni en muchas zonas de costa.

¿La pandemia provocará un boom de estas viviendas tipo fines de semana? El director de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), el abogado coruñés Jacobo Hortas, reconoce que todavía es pronto para conocer el impacto del COVID sobre este tipo de construcciones. “Es la pregunta del millón, pero —reconoce—es muy prematuro”. “Solo ha pasado un trimestre [de 2021] y una inspección dura de seis meses a un año, con lo que a finales de año conoceremos el alcance”, detalla Hortas.

Este año, el equipo de la APLU, organismo creado en 2008 y dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tratará de recuperar la normalidad en su día a día. Por lo que los inspectores urbanísticos de la Xunta vigilarán si la crisis del coronavirus ha disparado los galpones convertidos en los conocidos como fines de semana, así como continuarán con el rastreo de viviendas levantadas en suelo rústico o zonas del litoral, construcciones para uso industrial, la ubicación de caravanas en zonas no permitidas o las obras menores al margen de la normativa.

Labor de inspección

Durante los tres meses del confinamiento, el COVID paró las excavadoras y las palas que cada año reducen a escombro los galpones convertidos viviendas o las casas, chalés, naves industriales y establecimientos hoteleros levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable. Pese a la pandemia, los inspectores de la APLU continuaron peinando Galicia de norte a sur para garantizar la protección del territorio con el derribo de obras ilegales y la retirada de construcciones móviles o casas prefabricadas en áreas no permitidas.

El paréntesis en la actividad impuesto por las restricciones durante el estado de alarma, del 14 de marzo a finales de junio, redujo en un 30% los expedientes de reposición de la legalidad abiertos por la agencia urbanística. Frente a las 241 obras al margen de la ley detectadas en 2019, en el año del coronavirus fueron 170. Como consecuencia de la crisis sanitaria, las excavadoras también vieron limitada su capacidad de intervención: donde hace un año había 62 construcciones levantadas sin licencia o en zonas prohibidas hoy queda solamente su solar. Son la mitad de las obras derribadas que el año anterior (137).

“Estamos haciendo un esfuerzo por tratar de regularizar el desajuste que ha provocado el COVID, ojalá fuera este año, pero todavía no estamos en una situación de normalidad plena, el año que viene lo veremos”, detalla el director de la APLU.

Aunque en los últimos años la ciudadanía haya tomado conciencia sobre la ordenación y protección del territorio, la sanción también ha contribuido a ello, Hortas reconoce que todavía queda APLU para rato, ya que fueron décadas de permisividad y de la disciplina del ti vai facendo que ha dejado toda la comunidad salpicada de construcciones ilegales.

Fruto de esa mayor concienciación son las ejecuciones que el propietario realiza de manera voluntaria, que ya rozan el 90% cuando en los inicios de la agencia autonómica la práctica totalidad las realizaban los técnicos de la Xunta de forma subsidiaria aunque después le pasaran la factura a los titulares del inmueble afectado.

Bien es cierto que la motivación económica ha creado también conciencia entre los propietarios, que saben que tarde o temprano el lugar en el que edificaron se acabará convirtiendo en un solar. Y es que el infractor que acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%, pero si continúa el proceso se enfrenta a sucesivas sanciones hasta que finalmente la construcción sea tirada, bien por decisión del propietario o por las piquetas de la Xunta.

La mayoría de los expedientes de derribo abiertos el año pasado en Galicia fueron a raíz de la labor de los inspectores de la APLU (80%). El resto fueron a raíz de denuncias de los propios concellos, los vecinos o la intervención del Estado, a través de Costas.

Las infracciones en obras menores como muros de cierre o gallineros crecen un 8%

Desde que se creó la APLU en 2008, son cada vez más los concellos que delegan sus competencias en materia urbanística en la Xunta. A día de hoy, son 69 los ayuntamientos adheridos a la agencia autonómica, de manera que el Ejecutivo autonómico se encarga del farragoso papeleo de cada expediente de urbanismo y a cambio, la recaudación de las multas por cada irregularidad destapada de distribuye al 50% entre ambas administraciones.

En la actualidad, otros cuatro municipios están a punto de cerrar su integración en la APLU, según avanzó ayer su director. Desde hace dos años, asume la gestión de los expedientes que afectan a obras menores pero que por razón de competencia corresponde tramitar esas infracciones a los ayuntamientos. Se trata de muros de cierre, gallineros, obras sometidas a licencia municipal, usos en suelo rústico autorizables directamente por los concellos.

Por estas infracciones, la APLU derivó a las administraciones locales el año pasado un total de 253 infracciones por este tipo de obras para que las hicieran llegar a los propietarios, casi un 8% más que las trasladadas el ejercicio anterior. Los apercibimientos que se hacen a los interesados como paso previo al inicio de un expediente de reposición, evitando así en algunos casos la necesidad de abrirlo, fueron un total de 65, frente a los 44 del año anterior.