Todavía no ha comenzado la temporada de riesgo y Galicia ya ha sido pasto de las llamas. Durante este semana, varios fuegos iniciados de madrugada devoraron 500 hectáreas en los bosques de la comunidad. La mano del hombre es la causa principal que está tras las llamas que cada año reducen a ceniza miles de hectáreas. Y el cambio climático marca el alcance de los incendios, cada vez más virulentos —los llamados de sexta generación— y no solo en pleno verano sino también en los meses de otoño e incluso en pleno invierno.

Durante los últimos cinco años, no solo los montes de la comunidad, sino también las aldeas y el entorno de las ciudades soportaron cerca de 11.500 incendios, lo que se traduce en una media de seis cada día. De ellos, un total de 1.817 se produjeron en 2020, el balance más bajo del último lustro y que supone un 10,3% menos que el ejercicio anterior (2.025), según datos de la Memoria de la Policía Autonómica de Galicia.

Pese a que casi siete de cada diez incendios ocurridos en la comunidad son intencionados, son pocos los detenidos y, contados los que van a juicio y, finalmente, ingresan en prisión. En cinco años, fueron arrestados un total de 659 sospechosos de prender fuego al monte. Con este balance de delitos contra el medio ambiente e incendiarios detenidos, queda de manifiesto lo complejo que resulta sentar en el banquillo a los autores de los fuegos que cada año arrasan bosques, cercan viviendas e incluso causan víctimas mortales.

Apenas el 6% de los incendios que durante el último lustro afectaron a los montes gallegos han terminado con el arresto de un sospechoso, lo que no quiere decir que finalmente haya sido llevado a juicio o condenado. Y es que la falta de pruebas contundentes y de testigos que permitan armar la causa para llevar al juzgado a un detenido hace que la práctica totalidad de los delitos de incendios forestales se quede por el camino.

La mayoría de los fuegos que se producen cada año en Galicia son intencionados. En 2020, fueron el 66% del total: 1.201 de los 1.817 registrados. Detrás de un fuego intencionado hay “innumerables motivaciones”, según recoge la memoria de la Policía Autonómica: desde las relacionadas con piromanía, alcoholismo, cambios de uso del suelo o cambios de cultivo, limpieza del monte para la caza o para ahuyentar a animales que dañan las cosechas, hasta por procesos de concentración parcelaria, expropiaciones para vías de comunicación, reparto de herencias o conflictos vecinales o familiares.

Fruto de la negligencia hubo 197 fuegos (casi el 11% del total) y por causas naturales, 71 (cerca de un 4%). La negligencia más repetida son los escapes de quemas de restos agrícolas o forestales, seguido de los trabajos con maquinaria agrícola, junto con fuegos pirotécnicos o barbacoas. Y entre las causas naturales destacan la caída de rayos. Y en el apartado “Otras causas”, que el año pasado sumó 348 incendios (19,15% del total), figuran las reproducciones de otros focos ya extinguidos, los provocados por líneas eléctricas o trenes.

La tendencia en el último año ha sido una caída de los fuegos intencionados en tres puntos, mientras que las negligencias se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes, los causados por rayos disminuyeron ligeramente mientras que los causados por la reproducción de fuegos sofocados repuntaron cinco puntos.

Meses

En los meses de alto riesgo (julio, agosto, septiembre y octubre) se concentran el 70% de los incendios forestales: 1.261 de los 1.817 registrados en 2020. Pese a que el ejercicio pasado sufrió más focos que el anterior, en la temporada alta se produjo un descenso del 32% respecto a 2019 (entonces se había producido 956). Estos datos reflejan un aumento de los incendios ocurridos en verano el año pasado en 20 puntos. Julio fue el año pasado el mes con más actividad incendiaria en la comunidad, con 517 (casi el 30% de todo 2020), seguido de agosto (386) y septiembre (358) .

Condenas

Cada vez que las llamas asolan los montes surgen voces que exigen el endurecimiento de las penas. En 2015, la reforma del Código Penal endureció las penas para los incendiarios: hasta 20 años de cárcel. En todo caso, cuando las llamas no ponen en riesgo a la población, la ley prevé condenas de entre uno y cinco años de prisión, que con agravantes pueden elevarse hasta seis años. Las penas también aumentan cuando el autor del fuego obtiene un beneficio económico.

Y si el incendio ha sido provocado por una imprudencia grave, como una quema de rastrojos descontrolada —en Galicia son el grueso de los delitos de incendio que llegan a juicio— o una barbacoa, es castigado con la pena inferior a las previstas para cada supuesto.

Desde la Fiscalía de Medio Ambiente se dan por “suficientes” la actuales penas para este tipo de delito. Sin embargo, advierte de que se deberían repensar los tipos penales, no solo castigando el resultado del incendio sino también valorando la intención con la que se ha actuado. Es decir, como delito de riesgo, fijar la pena según la intencionalidad.

Casi 10.000 denuncias en cinco años

Tras la ola de incendios de 2006, que arrasaron 90.000 hectáreas en el monte gallego, la Xunta reforzó los controles e impuso la delimitación de los perímetros de seguridad libres de vegetación seca y maleza. Los agentes de la Policía Autonómica peinan a diario los puntos conflictivos para evitar que el bosque, los núcleos rurales e incluso la ciudades sean pasto de las llamas. En los últimos cinco años, practicaron más de 60.000 inspecciones en materia de incendios, casi 11.000 en 2020. Esta labor de control derivó en 9.866 denuncias en el último lustro, más de 1.300 el ejercicio pasado.

La mayoría de la denuncias en materia de incendios son por quemas agrícolas (carecer del permiso, abandonar la actividad sin apagar o quemar en condiciones meteorológicas adversas), falta de cortafuegos alrededor de viviendas, gasolineras, carreteras o instalaciones eléctricas, puntos clave para que el efecto de las llamas no resulte aún más devastador cuando afecta al monte e incluso pueda poner en peligro la vida de las personas.