Mañana se cumplen 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la ley orgánica que reconoció como nacionalidad histórica al territorio y cerró el capítulo abierto en 1936, cuando in extremis la ciudadanía gallega refrendó su estatuto, truncado por el golpe de estado que hizo estallar la Guerra Civil y precedió cuatro décadas de dictadura. Cuarenta años después no se han completado las competencias del texto de la autonomía gallega.
La actual norma realizó un largo recorrido que arrancó en la preautonomía. Uno de sus hitos remontan a enero de 1979, con la constitución de la conocida como Comisión dos Dezaséis y cuyo cometido fue la redacción del que sería el primer documento conjunto y de consenso estatutario. La propuesta del presidente preautonómico, Antonio Rosón, fue la de aglutinar a las fuerzas políticas parlamentarias y sin representación pero que habían presentado un proyecto estatutario, al que también contribuyeron entidades de la sociedad civil y cultural.
En aquel grupo participaron la UCD, Alianza Popular (AP), PSdeG-PSOE, Partido Galleguista (PG), Partido Obrero Gallego (POG) y Partido do Traballo de Galicia (PTG) y una sola mujer, Lutgarda García Boente. Los acuerdos alcanzados se trasladaban a la prensa en un comunicado conjunto y pactado para evitar filtraciones.
Cuatro décadas después de la promulgación del Estatuto, Galicia solo recuerda un intento de reforma entre los años 2006 y 2007, cuando saltó por los aires la posibilidad de consenso entre las únicas tres fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria, cuyos líderes fueron incapaces de reproducir el consenso que llevó a Galicia a mantener su estatus de nacionalidad histórica en la democracia posfranquista, como así se recogen en las actas de las sesiones parlamentarias y en la documentación recopilada en la obra de Baldomero Cores Trasmonte O Estatuto de Autonomía de Galicia: Documentación oficial (1977-1981), consultada por Europa Press.
En los archivos del Congreso de los Diputados se encuentran las cerca de 400 discrepancias que se presentaron para la elaboración del dictamen de la ponencia del texto, cuyos cambios introducidos desembocaron en la gran manifestación contra lo que se denominó el estatuto da aldraxe, del que habían quedado autoexcluidas sensibilidades políticas que luego fundaron el BNG, aunque algunos de los que participaron en el aquel proceso como Camilo Nogueira fueron (y es) destacado miembro militante de esta formación.
Bipartito
Galicia, que pudo retomar su reforma estatutaria en los albores de la democracia gracias a la “voluntad” expresada en 1936, fracasó, sin embargo, en el diálogo impulsado en la primera década de los años 2000, en que sí vieron luz verde nuevos estatutos como el andaluz o el catalán, luego modificado por sentencia del Tribunal Constitucional.
En 2006, tras registrarse una petición conjunta de PP, PSdeG y BNG, la Cámara autonómica activó la comisión parlamentaria encargada de estudiar una reforma que encalló en la residencia oficial del presidente de la Xunta, liderada entonces por el socialista Emilio Pérez Touriño, con el apoyo del BNG de Anxo Quintana en la Vicepresidencia.
En cuanto a los traspasos de competencias pendientes, basta con acudir a los diarios de sesiones para comprobar que el debate de transferencias ha seguido vigente. Uno de ellos, la creación de una Policía Autonómica propia. El más reciente, la petición de competencias marítimas que actualmente urge Feijóo en plena tramitación de la ley estatal de cambio climático.
