Durante décadas imperó el todo vale en la construcción. Antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las grúas y las hormigoneras se asentaron en la costa gallega y en zonas del rural donde no se podía obrar. La disciplina municipal del ti vai facendo contribuyó a este urbanismo desaforado de edificaciones ilegales, tanto en el litoral como en suelo rústico, que dejó una Galicia salpicada de galpones convertidos en casas de fin de semana, chalés y viviendas unifamiliares levantadas en áreas no urbanizables, así como naves industriales, tanatorios e incluso complejos hoteleros que se saltaron la Lei do Solo.

Para tratar de poner coto al incumplimiento de la normativa y reponer la legalidad urbanística en toda la geografía gallega, la Xunta creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Desde entonces, los inspectores de la entidad peinan Galicia para frenar las construcciones ilegales y lograr un territorio ordenado. La vía para lograrlo es la sanción y el consecuente derribo del galpón, vivienda o negocio levantado en zona de costa o suelo rústico o sin la correspondiente licencia.

En los últimos diez años, la política del ti vai facendo ha dejado a los propietarios de construcciones ilegales en Galicia una factura en multas coercitivas que roza los 38 millones de euros, según el balance de la APLU. Los más de 3.500 expedientes de reposición iniciados en el periodo 2011-2020 han dejado por el camino un total de 1.323 obras ilegales derribadas o retiradas del terreno en el que no estaba permitida su ubicación (caravanas y casas prefabricadas en zona de costa o suelo rústico).

Proceso

¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado los permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado para que repongan la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta la demolición de la obra.

De hacer caso omiso a la orden del Ejecutivo autonómico, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el propietario, sumará nuevas sanciones. Al iniciarse el proceso de derribo de una obra ilegal, el propietario se enfrenta al pago de 1.000 euros. Si hace caso omiso, llegan nuevas sanciones. En el quinto aviso, es de 10.000 euros.

Con este tipo de multas se busca la ejecución forzosa de la orden de demolición ordenada. Se imponen de manera periódica, sin que su número se encuentre limitado. Aunque se abonen las cuantías reclamadas, el galpón, vivienda o nave ilegal deberá ser reducido a escombros.

En el caso de proceder voluntariamente a la reposición de la legalidad urbanística alterada, antes de la resolución del procedimiento sancionador, el responsable de la infracción se podrá beneficiar de una reducción de la sanción del 90%. Son cada vez más los propietarios amenazados por la piqueta que acometen de manera voluntaria el derribo. Si hace unos años eran apenas el 80%, en la actualidad ya son la práctica totalidad. Y es que, saben que tarde o temprano, la construcción tendrá que ser derribada y a medida que avanza el proceso, las multas van a más.

En la última década, la APLU interpuso más de 5.000 multas coercitivas a construcciones con orden de derribo por un importe de casi 38 millones. El mayor número de sanciones es ese periodo se alcanzó en 2017, con un total de 637, pero la factura más elevada se produjo en 2001, con casi 6,8 millones en multas a propietarios con construcciones bajo la amenaza de la pala.

El parón impuesto por el estado de alarma en el año del COVID supuso un balón de oxígeno para los afectados por órdenes de demolición. 2020 fue el ejercicio con la cifra más baja de multas coercitivas (263) y el importe reclamado (más de 635.000 euros, la primera vez que se quedó por debajo de la barrera del millón de euros).

La presión por la acumulación de multas y la concienciación que con el paso de los años se ha creado sobre la ordenación del territorio ha llevado a más de 1.300 propietarios en Galicia a reponer la legalidad urbanística tras ser apercibidos por sus construcciones ilegales. Las órdenes de derribo ejecutadas en 2020 por el parón del COVID cae a mínimos históricos, con un total de 62: la mitad que un año atrás (137) y lejos de las demoliciones récord alcanzadas en 2018 (210).

Los vecinos, cada vez más implicados, denuncian las irregularidades

No solo los controles a pie de campo de los inspectores de urbanismo destapan las obras que se levantan en Galicia sin tener licencia o en suelo no permitido. Las denuncias de vecinos y de los propios concellos ponen cada vez más sobre alerta a la Xunta sobre las irregularidades cometidas en los 313 ayuntamientos gallegos. En los últimos años, a excepción de 2020 —marcado por la pandemia del coronavirus— los expedientes abiertos a raíz de quejas de particulares pasaron de representar poco más de un 10% a alcanzar el 25%. En el caso de los concellos representan en torno a dos de cada diez denuncias interpuestas por irregularidades urbanísticas.

En el año del COVID la práctica totalidad de los expedientes de reposición iniciados proceden de las inspecciones de la propia agencia autonómica (80%). Cuando se puso en marcha la actividad de la APLU apenas particulares y administraciones locales denunciaban las irregularidades urbanísticas cometidas en su territorio. Los vecinos por no querer entrometerse y abrir conflictos y los gobiernos locales por ejercer una política de proximidad con la que rehusaban generar malestar entre sus votantes. Pero con el paso de los años, se ha ido tomando conciencia de la lucha contra el feísmo y en defensa de la ordenación del territorio. Esto se ha traducido en una creciente implicación de los particulares.