Los ganaderos no están satisfechos con el sistema de ayudas para paliar los daños causados por el lobo en sus explotaciones. En 2020, el rural gallego sufrió más de 1.300 ataques del cánido que ocasionaron la muerte de más de 2.300 animales: 1.045 ovejas, casi 700 vacas, más de 300 cabras y cerca de 300 caballos. Por los daños ocasionados, la Xunta desembolsó el año pasado casi 650.000 euros.
Los largos plazos de tramitación y el gran número de solicitudes rechazadas han llevado al sindicato Unións Agrarias a elaborar una propuesta para reformar el sistema de pago por los daños ocasionados por los ataques del lobo en las granjas de la comunidad, una especie que el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido proteger y, en consecuencia, prohibir su caza en todo el territorio. Es decir, también en las comunidades loberas (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria), que llevan décadas controlando las manadas a través de planes de gestión autonómicos.
Los ganaderos propondrán “un cambio total en la metodología de trabajo” para establecer una “carga de la prueba en las inspecciones” y verificar la “veracidad de la denuncia, teniendo que ser la Administración la que en todo caso demuestre de forma fehaciente con pruebas concretas, que la baja de una res por muerte violenta en la explotación no fue causada por el lobo”.
De esta forma, al comité de valoración de daños solo llegarían los “casos dudosos y no la totalidad”. Eso, destacan, “disminuiría el actual rechazo de un elevado número de solicitudes de daños reales que nunca se llegan a pagar al ganadero, y agilizaría los plazos de los pagos a un máximo de tres meses desde la fecha de la denuncia”.
El sector urge una “revisión total” de los baremos de valoración de los animales, “que en muchos casos hasta se duplican, para tener en cuenta no solo el pago por el valor de reposición del animal muerto, sino también incluir el lucro cesante por las producciones futuras perdidas”, especialmente importante en el caso de la producción de leche, expone UUAA.
