Son cada vez más los concellos que quieren quedarse al margen del complejo papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones urbanísticas y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. Trece años después de la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el 30% de los ayuntamientos gallegos ya han delegado las competencias en materia de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad en el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente que persigue las obras ilegales que durante décadas se han levando en la comunidad y que siguen amenazando tanto el suelo rústico como la zona de costa. Los últimos en adherirse a la APLU han sido los municipios de Boqueixón (A Coruña) y Cenlle (Ourense), que ayer firmaron sendos convenios entre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y los alcaldes de ambos concellos, Manuel Fernández y José Manuel Rodríguez, respectivamente. Además, el regidor de Piñor, José Luis González, también formalizó el acuerdo para ampliar las actuales funciones de la agencia urbanística en su término municipal.
Al delegar la competencia sancionadora en la Xunta, los ingresos por las multas urbanísticas tramitadas por la APLU se reparten entre la administración autonómica y la local ya que es el Ejecutivo gallego el que se encarga del farragoso papeleo que acarrean los trámites así como el propio trabajo de campo en las zonas con construcciones ilegales, en muchos casos de difícil acceso y que se escapan de los medios y la equipación de las que disponen los pequeños y medianos ayuntamientos.
Con las dos nuevas incorporaciones firmadas ayer, la APLU tiene asumidas ya las competencias de 91 concellos (31 en la provincia de A Coruña —el 34% del total—, 27 en la de Ourense, 18 en Lugo y 15 en Pontevedra).
¿Qué tareas asume la APLU una vez un concello le delega sus competencias en materia urbanística? La Xunta asume las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a aquellas obras que se ejecuten sin licencia, siempre que estén en suelo rústico no urbanizable, en suelo urbanizable o apto mientras no se apruebe el correspondiente planeamiento, o en núcleos rurales delimitados en el correspondiente plan urbanístico. De igual manera, la APLU se compromete a transferir a los ayuntamientos el 10% del producto de las multas coercitivas y de las sanciones impuestas hasta un máximo de 30.000 euros anuales y asume como principales funciones la tramitación de los expedientes de reposición así como los sancionadores, la prestación de asistencia técnica y jurídica a todos los municipios adheridos y la formación y sensibilización de los ciudadanos en la protección del territorio y del paisaje.
Durante el acto de firma, la conselleira de Medio Ambiente destacó que el objetivo de su departamento es seguir incorporando nuevos municipios a la gestión de la APLU, al tiempo que se incrementa la colaboración con los ya adheridos. Como ejemplo Vázquez, puso el caso de Piñor, uno de los primeros en delegar parte de sus competencias urbanísticas en la Xunta y que ahora, 12 años después, deja también en sus manos la gestión de las denuncias relativas a obras y usos del suelo que se ejecuten sin la necesaria comunicación previa, tales como muros de cierre, gallineros o galpones.
Tras destacar los buenos resultados de la actuación conjunta entre la APLU y las administraciones locales en materia urbanística, —en la última década fueron derribadas más de 1.300 construcciones ilegales—, Vázquez puso como ejemplo algunos datos del balance de actividad del organismo durante 2020: las multas coercitivas impuestas por construcciones ilegales cayeron un 39,26%, casi 9 de cada 10 reposiciones de la legalidad urbanística y de costas fueron ejecutadas ya por particulares, dos indicadores significativos de que existe una concienciación social cada vez mayor.
