Desde hace años, las víctimas del accidente del Alvia exigen una investigación independiente, una reclamación avalada por la Agencia Ferroviaria Europea. El organismo de la UE advertía en un informe emitido en julio de 2016 que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), nombrada por el entonces Ministerio de Fomento con miembros de Adif y Renfe, “no asegura la independencia de la investigación” y cuestionaba que la CIAF hiciera énfasis en la causa directa del siniestro, el error humano del maquinista, pero no averiguase sus “causas fundamentales”. Cerrada la instrucción del accidente que dejó 80 pasajeros muertos y 144 heridos, las víctimas han vuelto a los tribunales. Y lo han hecho para demandar al Ministerio de Transportes y a la CIAF por “falta de independencia”.

Coincidiendo con la interposición de la demanda, que harán hoy en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los afectados convocaron una concentración a sus puertas de 11.30 a 12.30 horas.

Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la Unión Europea y “la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa”, la plataforma de víctimas ya había avanzado el pasado mes de diciembre su intención que llevar el caso a los tribunales de lo contencioso administrativo, si bien, “por imperativo legal”, primero iba a presentar varias peticiones en vía administrativa.

Hace casi cinco años, la Agencia Ferroviaria de la UE cuestionó las conclusiones de la CIAF sobre el siniestro por falta de independencia. Y tanto el Parlamento Europeo como la Comisión instaron en reiteradas ocasiones al Estado español a que acometiese una nueva investigación independiente y que profundice en las causas.

Pero la instrucción del caso Alvia, se cerró la semana pasada, casi ocho años después del descarrilamiento en Angrois, sin una nueva investigación y con solo dos acusados que tendrán que responder en el juicio de los delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y por lesiones: el maquinista del convoy, Francisco José Garzón, y el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte.

Por “falta de independencia, las víctimas presentarán hoy una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los afectados tomaron esta decisión tras una resolución recibida el pasado mes de marzo del Ministerio de Transportes, que desestimó formalmente la petición de renovación de parte de los miembros de la CIAF que, para la plataforma, “a día de hoy no goza de independencia”. A su vez, la citada comisión desestimó, por silencio negativo, llevar a cabo una nueva investigación tutelada por la Agencia Ferroviaria Europea.

Carta a la presidenta de Adif para reclamar dos destituciones

Las víctimas del Alvia no cejan en su empeño de apartar de todo cargo público a quien haya tenido alguna responsabilidad en el accidente del Alvia. Una semana después de que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, desoyese su petición de cesar al exmando de Adif que irá a juicio, los afectados han enviado una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para exigirle “que cumpla con su palabra” y destituya a Cortabitarte. En su visita a Galicia el pasado viernes, Ábalos defendió que el ex alto cargo imputado no tiene responsabilidad alguna en el administrador ferroviario y apelaba a esperar a que se dictase sentencia. En la misiva enviada a Pardo de Vera, la plataforma de víctimas reclama también la destitución de la actual directora de Seguridad en la Circulación de Adif, Esther Mateo, por haber elaborado un peritaje para defender, durante la instrucción, la actuación del administrador ferroviario. “Tiene usted ahora la oportunidad de mostrar su sensibilidad, cumplir su palabra y generar una verdadera cultura organizativa basada en la coherencia. Esperamos que realmente diferencie los comportamientos admisibles de los que no lo son y haga valer su compromiso al frente de una organización pública, transformando la cultura de la ocultación y apostando por la seguridad”, reclama la plataforma de víctimas.