La Xunta carga contra el Gobierno central por “seguir obviando” la postura de 11 comunidades autónomas y mantener su decisión de incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, advirtió ayer de que la negativa del Ministerio de Transición Ecológica a reconsiderar su decisión obliga a las comunidades afectadas a recurrir a la vía jurídica para presentar los correspondientes recursos ante un tema de confrontación del territorio. En ese sentido, adelantó que los técnicos, junto con el departamento jurídico, de la Consellería evalúan la documentación necesaria para iniciar dicho procedimiento.

Las comunidades loberas denuncian que el veto a la caza del cánido en toda España —ahora solo está prohibido en las comunidades al sur del río Duero— “dificultaría más” la gestión de la especie en sus territorios y supondría, además, “una amenaza para el sector agroganadero”, al reducir las posibles medidas de control.

Así lo señaló la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado en el que además informó de que la directora xeral de Patrimonio Natural, inició ayer una ronda de contactos con las organizaciones agrarias y de razas autóctonas para informar del resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado miércoles, que incluía el estado de tramitación de la solicitud para incrementar el actual nivel de protección del lobo ibérico.

La directora xeral recordó que Navarra se ha sumado a la postura que lideran las comunidades al norte del río Duero (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), y que apoyan País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía, la ciudad autónoma de Ceuta, y a la petición de paralización de esta propuesta -—que recibió más de 4.500 alegaciones durante la fase de consulta pública— hasta que se apruebe y acuerde la nueva Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie. Conforme señala la Xunta, esta debe ser pactada con las comunidades loberas, puesto que son las administraciones que velarán por su aplicación.