La despoblación y el envejecimiento son factores que complican el mantenimiento del entorno de las aldeas, en las que del paisaje de mosaico de antaño se ha tendido a que proliferen las parcelas abandonadas. Bien porque los propietarios ya no tienen la misma capacidad física para mantenerlas limpias, porque ya han fallecido o porque los herederos residen fuera y no siempre están pendientes de sus fincas, o incluso desconocen su ubicación.

Con el cambio climático y el abandono del rural aumenta el riesgo de que los incendios forestales sean más peligrosos y alcancen las casas. La ley 3/2007 de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, obliga a los dueños a eliminar la maleza, hierbas, rastrojos, basura y toda vegetación seca en una franja de 50 metros —si hay especies como eucaliptos, pinos o acacias— o de 15 —en el caso de los árboles frondosos— en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural; en torno a edificaciones y viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, cámpines, gasolineras e instalaciones industriales; así como junto a construcciones aisladas aunque se encuentren en suelo rústico. Por regla general, en la misma franja de 50 metros no puede haber árboles como el eucalipto, acacias o varios tipos de pino.

El plazo establecido por la Xunta finaliza el 31 de mayo y varios alcaldes ya han emitido bandos para recordar a los vecinos la obligación Algunos regidores advierten de que “los titulares de fincas que no se encuentren limpias serán responsables tanto civil como penalmente por los posibles daños que se puedan ocasionar a personas o bienes como consecuencia de incendios en los que su origen sea la falta del debido cuidado de la parcelas”. Además, la Administración podrá repercutir los gastos de extinción de un incendio “a las personas responsables de no cumplir con el deber de limpieza y gestión de la biomasa vegetal, y por el incumplimiento de las distancias mínimas”.

Para favorecer la limpieza, la Xunta, la Fegamp y Seaga firmaron un convenio para realizar —siempre que los titulares lo soliciten— los trabajos en las calificadas como parroquias prioritarias, por el número de incendios y hectáreas afectadas en los últimos años. El servicio es voluntario y los interesados deben abonar una tarifa de 350 euros por hectárea y anualidad. Las empresas privadas de desbroces y trabajos forestales, muchas en manos de jóvenes emprendedores que se ocupan en mantener limpio el rural, ven “imposible” cumplir el plazo.

“Es inviable, harían falta muchas más empresas en el sector y muchos propietarios se acuerdan de la obligación cuando reciben la carta y no realizan un mantenimiento de las fincas a lo largo del año. Una buena parte del rural se encuentra abandonado”, asegura Vicente Conde, de 34 años, gerente de Destagal, una sociedad que creó en 2013, tras una larga experiencia en este ámbito laboral, desde los 18 años. Cuenta con varios trabajadores y también se dedican a pequeñas labores de reforma y construcción.

La normativa que exige la limpieza de vegetación que pueda ser pasto y acelerante de las llamas en torno a los núcleos habitados elevó el trabajo de estas empresas, de las que “salvo unas pocas que llevan muchos años, están todas en manos de gente joven”, afirma Vicente. Alejandro Viso, también de 34 años y al que en ocasiones ayuda su padre Raúl, montó Leiras limpas en 2018 y tiene lista de espera de 15 días para desbrozar en la época de mayor demanda, que se extiende desde la primavera a septiembre. “A mediados de marzo empieza a subir el trabajo. También es cuando la hierba y la maleza crecen, y la gente empieza a llamar”. Alejandro, al igual que Vicente, considera que el plazo estipulado de 31 de mayo —en 2020, por el primer estado de alarma, se extendió hasta mediados de julio— resulta insuficiente. “La administración no va acorde con lo que es este trabajo. Si cada particular tuviera a una persona contratada o limpiara lo suyo sí daría tiempo, pero nosotros somos pocos en el sector y la gente que es mayor ya no puede limpiar y debe contratar. Yo en agosto y septiembre estoy desbrozando todavía”, relata.

Emigración y envejecimiento

La maleza prolifera incluso en mitad de las aldeas, en las casas en ruinas. La mayoría de los que requieren los servicios, dice Vicente, residen en otro lugar o son propietarios mayores que ya no pueden asumir la labor. “Hay muchos titulares que están fuera, en Luxemburgo, Suiza, Alemania, Sudamérica, y la finca está totalmente abandonada. Entre los que siguen viviendo en el pueblo, muchos te dicen: antes lo hacía yo, pero ahora ya no puedo. Tiran de mano joven. También hay clientes que han heredado fincas y como no han trabajado las tierras o no tienen tiempo deben contratar para cumplir la obligación de los 50 metros”, enlaza Alejandro.

Estos profesionales son testigos directos del estado del rural. “A muchos sitios vas y no hay vecinos. Es necesario otro esquema del rural, para que sea más productivo y viable, para poder vivir de él”, dice Vicente.

El trabajo, mecanizado y que requiere una inversión inicial para la compra de maquinaria, aperos y herramientas —Alejandro logró una ayuda de la UE de 5.000 euros—, ya no es de sol a sol, sino de ocho horas, pero incluso así exige. “Es un trabajo duro, tiene que gustarte y hay que vale”, dice Alejandro. “A la gente le encanta ver jóvenes haciendo esto, lo agradecen y lo valoran. Muchos te pagan un poco más porque se dan cuenta de que este es un trabajo duro”, finaliza. Y fundamental.