Tras el sorpresivo giro que ha dado el caso de los peajes cobrados en la AP-9 durante las obras del puente de Rande, después de conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que revoca la primera resolución judicial y da la razón a Audasa, la vía del Tribunal Supremo ya está siendo valorada en firme de cara a recurrir ese fallo. Aunque todavía no hay nada decidido, la opción de presentar un recurso de casación ya es analizada tanto por la Fiscalía como por la plataforma En-Colectivo.

La Fiscalía de Pontevedra, según las fuentes consultadas, está analizando la sentencia de la Sección Primera, que revocó la que hace un año dictó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad del Lérez, que sí condenaba a la concesionaria de la AP-9 al ver abusividad en el cobro de los peajes. Los magistrados de la Audiencia consideran todo lo contrario y exculpan a la empresa, en contra del criterio de la Fiscalía, que fue quien impulsó esta demanda en defensa de los consumidores, y de las asociaciones y particulares que se adhirieron al procedimiento.

Pero todo apunta a que esta sentencia de segunda instancia no será el final del recorrido judicial del caso. De cara a analizar la viabilidad de ir en casación ante el Supremo, el Ministerio Público estudia la sentencia desde un punto de vista técnico para ver si se puede desarrollar una estrategia jurídica que pueda prosperar ante la Sala Civil del Supremo, a quien correspondería revisar el asunto. La plataforma En-Colectivo también está haciendo ese análisis y de hecho está muy atenta a los que decidan los fiscales en la cuestión de acudir o no al Supremo. Junto a esto, la sentencia deja abierta la opción de que se presenten demandas civiles individuales por parte de los usuarios para reclamar daños y perjuicios.

En el fallo emitido esta semana por los magistros de la Audiencia de Pontevedra rechazan que la concesionaria de la AP-9 cometiese una práctica abusiva y que tuviese que rebajar las tarifas durante los trabajos de 2015 a 2018 pese a los colapsos diarios. El tribunal corrige así la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra al rechazar que fuese una práctica abusiva y que la empresa tuviese que rebajar las tarifas durante los trabajos de ampliación pese a los colapsos diarios. Al admitir a trámite el recurso de la concesionaria queda anulada la condena por hasta 81 retenciones, tal y como reclamaba Audasa. Por contra, la Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el resto de las partes.

El peaje, según la sentencia, se fija en virtud de un acuerdo entre la administración y la concesionaria, quienes tienen en cuenta diversos factores, entre ellos la posible incidencia de la ejecución de obras.