Casi nueve años después del accidente del Alvia arrancará el juicio para dirimir responsabilidades por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones. No será hasta la primavera de 2022 cuando los dos únicos acusados por el siniestro ferroviario —el maquinista, Francisco Garzón, y el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte— se sienten en el banquillo para dar respuesta a la claves del descarrilamiento: el exceso de velocidad que achacan al conductor del convoy y los riesgos en la línea que no fueron “percibidos ni atendidos” por el administrador ferroviario, según recoge la Audiencia Provincial de A Coruña en la resolución que el pasado mes de marzo decretó el cierre de la instrucción.

Ese es el calendario que manera el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, tal y como expuso ayer en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con jueces en Santiago. Con esta previsión, la sentencia seguramente no se dicte hasta 2023. Y ya habrán pasado casi diez años del siniestro que el 24 de julio de 2013, víspera del Día de Galicia, descarriló con 218 pasajeros y 6 tripulantes en la curva de A Grandeira, a escasos dos kilómetros de la estación de Compostela.

El accidente del Alvia es junto con la marea negra del Prestige uno de los ejemplos que ponen de manifiesto la lentitud de la Justicia en España, con largos procesos que se eternizan en los tribunales, tanto por la duración de las instrucciones como por la resolución de los casos, con sentencias poco ejemplarizantes tantos años después de los hechos investigados o que incluso ya han causado un daño irreparable a los encausado si finalmente son absueltos. Esto último ha ocurrido con piezas de corrupción de macrocausas como la Pokemon o los casos Garañón y Pulpo que se han resuelto recientemente.

Sobre el accidente del Alvia, el presidente del TSXG explicó ayer que una vez que se decrete el auto de apertura de juicio oral —que se calcula que será antes del próximo mes de agosto— “se harán los trámites necesarios para remitir el asunto al juzgado de lo penal” de forma que “el juicio podría comenzar en el primer trimestre” de 2022.

Fuentes judiciales explican que cuando el asunto esté en el juzgado de lo penal se iniciará la organización del juicio y se decidirá el espacio en el que se celebrará dada la dimensión de la causa y las partes implicadas.

Sobre la duración del juicio, el presidente del TSXG advirtió de que es “imposible de calcular” toda vez que “son 195 acusaciones” y “120 los abogados que van a intervenir”, además del Ministerio fiscal. En caso del Prestige, fueron diez años de investigación judicial y nueve meses de juicio. Un proceso que con los recursos interpuestos ante el Tribunal se alargó todavía más. El próximo año se cumplen 20 años del mayor desastre medioambiente en aguas de España y todavía no se habrá resuelto la causa. La sentencia, que declaró como responsable civil subsidiaria a la armadora del viejo monocasco, abrió la puerta a una nueva batalla judicial que deberá librarse en Londres, sede de la aseguradora del Prestige.