El borrador en el que trabaja la Xunta para establecer el tercer plan de rescate de autónomos y empresas frente a la crisis desatada por el estallido del COVID no incorpora la cláusula de salvaguarda del empleo, que vincula la percepción de ayudas con que se mantengan los puestos de trabajo durante un periodo de tiempo mínimo y que sí estaba presente en los dos primeros documentos.

Esta circunstancia fue criticada ayer por los líderes de UGT y Comisiones Obreras, José Antonio Gómez y Ramón Sarmiento, respectivamente, al término de una reunión con la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, en el seno del diálogo social, informa Europa Press

La responsable de la Xunta culpó de esa circunstancia al Gobierno central, pues la Xunta está “atada” por el decreto estatal, que sí explicita la vinculación de las ayudas con el mantenimiento de la actividad, pero no con el de los empleos.

UGT y CCOO han avisado de que será necesario una modificación de la orden para que cuente con su aval, al considerar que la comunidad autónoma tiene margen para añadir este elemento. La conselleira aseguró que trasladará esa petición a la conferencia sectorial prevista mañana en Madrid, pero alertó del marco estatal. “La comunidad está atada por lo que establece el Estado”, declaró a los medios, y “el problema” sería “ponerlo” en el desarrollo del decreto estatal a través de una orden de la comunidad autónoma y que esta “pierda los fondos”.

Además, tachó de “ridícula” la cantidad que corresponde a Galicia de los fondos estatales para estas ayudas —234 millones de euros— y comprometió la máxima diligencia en sus pagos. “Si los fondos llegan este mes, vamos a poder sacar la orden “ apuntó. Ante esta perspectiva, la responsable autonómica de Empleo ha dicho haber consensuado con los agentes sociales un diseño del plan que incluya “una reserva de los créditos a favor de los autónomos y a favor de las microempresas”, así como un mecanismo de solicitud basado en declaraciones responsables que agilice el sistema “absolutamente complejo” marcado por el Estado. La Xunta, avanzó, estudia “la posibilidad de hacer un anticipo de por lo menos el 80% de la subvención en el momento de la solicitud, ya que el Real Decreto aprobado hace imposible el pago inmediato.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pidió al Gobierno central simplificar la documentación exigida para optar a estas ayudas y que estas estén abiertas a todos los sectores económicos.