Por tercera vez, llegó a O Hórreo la reclamación del traspaso a Galicia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial y que en la práctica supondría la creación de una Policía propia que relevase a la Guardia Civil en el control de carreteras. La primera ocasión fue en 2008 de la mano del BNG, la segunda con el PSdeG en 2019. Entonces, el Congreso en 2012 y posteriormente el fin de una legislatura echaron por tierra la histórica demanda para gestionar desde la comunidad todo lo relacionado con la seguridad viaria. El Parlamento gallego fue escenario ayer del tercer debate de una proposición no de ley sobre esta transferencia a iniciativa del Bloque. El acuerdo salió adelante con la abstención del PP, partido que gobierna en la Xunta, y que fue avalado por nacionalistas y socialistas. Una vez tomada en consideración la propuesta, la Cámara autonómica deberá darle trámite para su remisión al Congreso. Una vez entre en la agenda de la Cámara baja, un proceso que podría demorarse unos dos años, una delegación de diputados autonómicos deberá defender en Madrid la petición.

La propuesta aprobada ayer fue impulsada por el BNG, pero una demanda similar auspiciada en 2019 por los socialistas ya había superado el trámite parlamentario en la pasada legislatura con la aprobación en comisión del dictamen sobre el texto legislativo, paso previo antes de ser sometido a debate en sesión plenaria. Pero finalmente decayó al finalizar la legislatura. Ya en 2008, a iniciativa del Bloque, el Parlamento de Galicia aprobó de forma unánime esta reclamación, pero cuando llegó al Congreso, en 2012, el voto en contra del PSOE —en el Gobierno— y la abstención del PP —si hubiese votado favorablemente habría logrado salir adelante— impidieron que saliera adelante.

En el debate de la iniciativa presentada ayer, defendida por el diputado nacionalista Luís Bará, los antecedentes de la reclamación de estas transferencias han servido para reproches cruzados entre los grupos parlamentarios, informa Europa Press.

El BNG cuestionó que el PSOE entonces votase en contra de la transferencia y que el PP se abstuviese, mientras que Alberto Pazos (PP) advirtió de que eran los socialistas los que tenían la llave con el entonces Gobierno de Zapatero.

En el cruce de reproches sobre la gestión en el pasado por el autogobierno gallego, el diputado socialista Pablo Arangüena espetó a Bará que no aceptaba “ningún tipo de lección del BNG” en esta materia, en referencia a la propuesta presentada por su grupo hace dos años en la Cámara autonómica.

En su réplica, el parlamentario nacionalista tiró de hemeroteca: “Señor Arangüena, usted tiene memoria selectiva. En 2010, ustedes votaron en contra de nuestra propuesta. ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó.

Para el diputado nacionalista, la petición de esta competencia es una muestra más de la “memoria de agravios que debería avergonzar a algunos grupos por sus votos en el pasado”, que hicieron que Galicia sea una de las únicas dos comunidades, junto con Murcia, que no recibió ninguna competencia nueva en la última década. Ante este balance, Bará cargó contra los “doce años de parálisis del autogobierno” que —cuestionó— han marcado el Ejecutivo de Feijóo que ha supuesto un “estancamiento y un retroceso” para el estatus de Galicia “que perdió posiciones mientras otras comunidades avanzaron ampliando el autogobierno.

Mientras, Arangüena apostó por conseguir competencias que permitan que Galicia se aproxime a Cataluña y País Vasco en cuanto a mayor autogobierno. No obstante, quiso poner unos límites al hacer hincapié en la necesidad de avanzar, pero sin iniciar “el camino del independentismo, que no lleva a ningún lado”.

Desde el PP, Alberto Pazos defendió que Galicia cuenta en la actualidad con las cotas más altas de autogobierno de su historia. Quiso recordar que mientras Gerardo Fernández Albor obtuvo 75 competencias, Manuel Fraga consiguió 52 competencias y Emilio Pérez Touriño 9, sin que ello signifique, dijo, que uno es más autonomista que otro, sino que evidencia que “cada uno de ellos es hijo de su tiempo y de la realidad que le tocó vivir”.

Nada más conocer el acuerdo del pleno del Parlamento gallego, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) emitió un comunicado manifestando su “preocupación”: “No existe un clamor social en las calles que pida la creación de un cuerpo policial autonómico, ni tan siquiera la necesidad de crearlo”; advierte el colectivo al tiempo que destaca que “las políticas de seguridad vial están adaptadas a las necesidades territoriales”. Tras preguntarse “¿por qué sustituir a la Guardia Civil?” si “está integrada” en la sociedad gallega y si presta servicio a la Xunta “con normalidad”, atribuye la decisión “más a intereses políticos que necesidades reales de la población”.