La adjudicación de obra pública en Galicia durante el pasado año disminuyó un 19%, al pasar de los 775 millones de 2019 a los 627 de 2020. De esta cifra, la Xunta y los concellos fueron los que más invirtieron, con un 37% y un 34%, respectivamente. Les siguieron el Estado, con un 17%; las diputaciones, con un 6%; y las universidades, con un 4%. Esta disparidad desaparece cuando se analizan las empresas que han recibido el encargo de realizar esas obras: 10 de ellas se llevan más de un tercio del pastel.
Según destaca el Estudio de adjudicaciones de obras en Galicia, que publicó ayer la Federación Gallega de la Construcción, esta parcela “sigue estando tan concentrada como en años anteriores”. El top ten de las constructoras con mayores encargos lo forman adjudicatarias de obras por valor de 203,8 millones, mientras que las 1.658 restantes lo son por 423,9. Es decir, el 0,60% de las empresas logra el 32,47% del total.
El primer puesto es para Copasa, con 49,9 millones y un 7,9% de todo lo adjudicado. Le siguen Construcciones Taboada y Tamos (25 millones y el 3,9%); Construcciones Obras y Viales (19 y 3,1%); Construcciones Alea (19 y 3,1%); Arias Infraestructuras (16 y 2,5%); Francisco Gómez (15 y 2,5%); Extraco (15 y 2,4%); Civis Global (14 y 2,3%); Construcciones López Cao (14 y 2,2%) y Prace Servicios y Obras (12 y 1,9%).
Por instituciones, de los 235 millones adjudicados por la Xunta, 111,2 correspondieron a 10 empresas, mientras que 123,9 se los llevaron las 804 restantes. Es decir, el 1,23% de las firmas logró el 42%. Lideró la clasificación Copasa, con 30,3 millones y el 12,9% de la adjudicación que realizó la administración autonómica durante el año pasado.
En los ayuntamientos, la concentración fue menor, debido, sobre todo, al mayor número de obras adjudicadas (2.740 de las 5.740). De los 216,2 millones invertidos, 64,7 fueron para 10 constructoras, mientras que las 795 restantes obtuvieron 151,4. Por lo tanto, el 1,2% logró el 29,9%. Copasa, al igual que con la Xunta, fue la constructora que mayor adjudicación recibió en 2020 de los concellos: 15,4 millones, el 7,1% de lo que invirtieron.
En las diputaciones, de los 38,5 millones adjudicados, 13,5 fueron para las 10 primeras empresas, y casi 25 se los quedaron las 135 restantes. Es decir, el 6,9% resultó adjudicataria del 35,1% invertido. En la Diputación de A Coruña, el porcentaje que se llevó el top ten fue del 57%; en la de Lugo, del 93%; en la de Ourense, del 65% y en la de Pontevedra, del 78%. La empresa que más adjudicación recibió de los cuatro entes provinciales fue Francisco Gómez y Cia, con 1,8 millones, el 4,8% del total.
En la administración del Estado, las 10 primeras de la lista (3,44%) recibieron el 55,04%. Thales España lideró las inversiones del Estado en la comunidad con 11 millones, el 11% del total.
En el caso de las universidades, 10 empresas (10,99%) resultaron adjudicatarias del 70,75% del total (30,8 millones). Construcciones Alea logró el 24% con 7,5 millones.
El informe de la Federación Gallega de la Construcción también analiza la distribución de la adjudicación entre empresas nacionales y gallegas. Del total adjudicado (627,6 millones en 5.740 obras), el 86% fue para empresas de la comunidad y el 14% para las nacionales.
Estos porcentajes varían por organismos. En la Administración Local —diputaciones (38,5 millones en 406 obras) y ayuntamientos (216,2 en 2.740)— es donde se observan los mayores porcentajes de adjudicación a empresas gallegas (93,03% y 92,61%, respectivamente).
También fue elevado en el caso de la Xunta (235,1 millones en 1.949 obras) ya que el 88,2% de la inversión se adjudicó a firmas de la comunidad. Lo mismo ocurrió en las universidades (30,83 millones en 140 obras) donde el porcentaje de adjudicación a constructoras de Galicia fue del 85,1%. En el caso del Estado, de los 107 millones (505 obras), el 65,4% se fue a firmas de la comunidad.
El precio de las obras se acerca cada vez más al de licitación
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las constructoras de obra pública es el porcentaje de adjudicación con respecto al presupuesto licitado que, por ejemplo, en 2016 llegó a alcanzar el 28% de baja. En 2020 se redujo al 15%. “Una de las cuestiones en las que más se ha incidido desde las organizaciones representativas del sector de la construcción en Galicia es en la necesidad de desterrar los criterios únicamente economicistas en la contratación pública que no hacían más que generar problemas en la calidad y ejecución de los proyectos y perjudicar a empresas y trabajadores del sector”, explica la Federación Gallega de la Construcción. El apostar “exclusivamente” por el criterio económico, en lugar de buscar las ofertas en función de la mejor relación calidad-precio, condujo “a que estuviésemos inmersos en una guerra de precios que llevaba a la precariedad laboral y a los problemas en la ejecución de los trabajos, lo que no era bueno ni para la Administración, ni para el tejido empresarial ni para los ciudadanos”. Ahora, este problema empieza a subsanarse ya que la diferencia entre la adjudicación y el presupuesto licitado cada vez es menor.
