Un sargento primero de la Guardia Civil acusado de aprovecharse de su cargo para apropiarse de dinero de personas que acudían a formalizar denuncias y para el que la Fiscalía pide una pena de nueve años y tres meses de prisión será juzgado este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Según recoge en su escrito de acusación el Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar en el verano de 2015, cuando el procesado, comandante del Puesto de Guardia Civil en Covelo (Pontevedra), recogió datos facilitados por una persona que buscaba denunciar a otra por desavenencias en un contrato pero "no formalizó minuta policial ni atestado alguno", "ni tampoco presentó minuta o atestado ante los Juzgados de Ponteareas, tal y como era su obligación".
Además, el acusado llamó a la persona a la que se había intentado denunciar y, "prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad", la convenció de que le entregase 900 euros "con la excusa de que arreglaría las cosas" con el otro implicado. Finalmente, el sargento primero cobró la cantidad y la incorporó a su patrimonio.
La primera persona intentó en tres ocasiones interponer la denuncia, hasta que el acusado "se vio obligado a recogerla" en abril de 2016. Después, "con la finalidad evitar ser descubierto y eludir sus responsabilidades", el sargento primero elaboró dos oficios policiales y una diligencia policial incorporados al atestado que incluye la denuncia en los que incluyó un relato "no coincidente en modo alguno con la realidad" para "enmascarar sus propias acciones".
Asimismo, en 2015, un hombre se presentó en el puesto de la Guardia Civil para interponer una denuncia por la comisión de un delito de apropiación indebida contra otro varón debido a desavenencias en un contrato para proceder a la tala de unos árboles. Este hombre fue atendido por el acusado, que, "prevaliéndose de su condición de Guardia Civil", lo convenció para que no interpusiese denuncia alguna "con la excusa de que arreglaría las cosas" con la otra persona en su nombre.
No obstante, el comandante del puesto de Covelo "no formalizó minuta policial ni atestado alguno, ni tampoco presentó minuta o atestado ante los Juzgados de Ponteareas por estos hechos, tal y como era su obligación". Después, citó al segundo varón para que acudiese al puesto en enero de 2015, donde "le informó de que existía una investigación policial por la comisión de un delito de apropiación indebida" y de que debía que pagar al primer hombre el precio de la madera talada. Así, el segundo varón entregó en metálico 1.000 euros al acusado.
Ese mismo día, volvió a convocar a este segundo hombre y le informó de que tenía que pagar a la otra persona "el precio de la madera talada que todavía no había sido satisfecha". Así, este le entregó otros 1.000 euros.
El comandante del puesto recibió el dinero, pero solo ingresó al hombre que había intentado interponer la denuncia los primeros 1.000 euros. El segundo varón logró la devolución de la cantidad restante cuando el acusado fue citado para prestar declaración en calidad de investigado ante la autoridad judicial.
PETICIÓN DE PENA
La Fiscalía ha achacado al sargento primero la comisión de dos delitos de apropiación indebida, concurriendo en uno de ellos la atenuante de reparación del daño, así como dos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y un delito de falsedad en documento público. Por ello, pide una pena de 9 años y tres meses de prisión para el acusado, así como que sea suspendido de empleo y cargo público durante siete años.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha reclamado que indemnice a la primera víctima en 900 euros "por el dinero recibido e indebidamente apropiado" y que asuma el pago de una multa de 6.000 euros.
