Mayor desembolso de los conductores y estampida del tráfico a las carreteras secundarias. Estas serán las dos consecuencias que conllevará el plan del Gobierno de cobrar por el uso de las vías de alta capacidad a partir de 2024, una propuesta enviada a Bruselas para garantizar con esta recaudación la conservación de las carreteras del país pero que ahora ha pasado a convertirse en un mero “debate” de una iniciativa que solo saldrá adelante si hay consenso.
Las críticas de la oposición, empresarios, transportistas, autónomos y colectivos de conductores llevaron al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a dar marcha atrás el martes en el Senado y ayer en el Congreso al asegurar que no se impondrán estos peajes sin acuerdo del sector del transporte y el beneplácito de la mayoría de las Cortes y de las comunidades autónomas, que también quedarían facultadas para cobrar en sus autovías.
El día en que en España haya que echar mano de la tarjeta por utilizar una autovía —casi 6 euros por viajar de Galicia a Madrid o un euro por ir de A Coruña a Lugo o de Ourense a Vigo, según la propuesta del Ejecutivo que fija el coste en 1 céntimo por kilómetro—, el 90% de los conductores preferirán dar un rodeo y desplazarse por carreteras secundarias, las que concentran más tramos de riesgo y registran los índices más altos de siniestralidad, según recoge una encuesta realizada por el Real Automóvil Club de España (RACE). En Galicia, este tipo de vías concentran el 90% de los accidentes de tráfico mortales ocurridos en la comunidad.
La propuesta de que la red principal deje de ser gratis se remonta ya a 2019, pero este año ha sido rescatada por el Ministerio de Transportes para acabar con el déficit de 8.000 millones que acumula la conservación de las carreteras. Junto con el sector del transporte de mercancías, autónomos y partidos políticos, el RACE se opone de plano a estos peajes recordando que los usuarios ya aportan cada año 30.000 millones en impuestos. En consecuencia, advierte de que los peajes en autovías “volverían a cargar de problemas las espaldas y los bolsillos de los conductores”, a los que “pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas”.
El director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, es tajante: no se solucionará el problema que pretende atajar —el mantenimiento deficiente de las vías—, sino que simplemente lo moverá de sitio.
Una reciente encuesta realizada por el Observatorio de Conductores del RACE señala que casi que el 80% los conductores están en desacuerdo con el pago por uso de autovías y autopistas actualmente gratuitas; nueve de cada diez aseguran que siempre o a veces buscarían carreteras alternativas (un 52% optaría siempre por la red secundaria y el 39% en ocasiones, según el motivo del viaje y la urgencia del desplazamiento) y el 79% teme que, con esta deriva a vías menos seguras, se incrementen los accidentes de tráfico.
“Cuando un transportista vea incrementados los costes por llevar su carga, acabarán repercutiéndolos en el precio final del producto”, añade el director de Seguridad Vial del RACE, de manera que, a su juicio, “la medida no es solo contra el bolsillo de los conductores, sino el de toda la sociedad”.
La DGT y la “pensión de la abuelita”
La DGT defiende el cobro de los peajes en las autovías. “Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país”, alegó la semana pasada el director de Tráfico, Pere Navarro, que enmarcó este debate en un “tema de Estado”. “Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad”, prosiguió.
Por ello, Navarro defendió “el que usa lo paga” y emplazó a los grupos a ponerse de acuerdo porque de lo contrario, advirtió, Bruselas le dirá a España: “Te envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera”. No obstante, apuntó que cuando se implanta un peaje “normalmente, se excluyen algunos casos” como los viajes habituales por motivos laborales, por razones de estudios o médicos.
Ábalos plantea ahora una tarifa “testimonial”
Tras hablar por la mañana en el Congreso sobre la propuesta de extender peajes las autovías, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, volvió a tocar el tema en un acto oficial posterior, para indicar que a la hora de implantar un sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado, el Gobierno “lo plantearía de un modo casi testimonial, más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio”.
Ábalos afirmó que el precio que ha pensado el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha sido como mínimo un tercio más barato” que el que barajó el de Mariano Rajoy en febrero de 2018, de 246 euros anuales por turismo y 7.066 euros por camión, según el informe que encargó a la empresa estatal Ineco.
El ministro así lo puntualizó en la sede de su departamento, en la presentación junto a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos de movilidad y agenda urbana. Tras reiterar que la medida no saldrá adelante si no cuenta con el apoyo parlamentario que requiere la reforma legal correspondiente, Ábalos apeló al acervo comunitario de “quien usa paga, igual que quien contamina paga”, con independencia –dijo– de que sus compromisos con el sector de transporte son “plenamente vigentes”. El ministro hizo hincapié en que todos los países de la Unión Europea aplican un sistema u otro de pago por uso de autovías, mientras que “aquí no tenemos nada” para el mantenimiento y conservación de lo que es la mayor red de alta capacidad de Europa.
