La codiciada tarta de la PAC todavía no se sabe cómo se repartirá entre los agricultores y ganaderos. Tras cuatro días de intensas negociaciones, los 27 gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo aparcaron hasta finales de junio las conversaciones al no poder alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común.

Las diferencias entre ambas partes resultaron insalvables a pesar de que los equipos negociadores llevan con contactos desde el pasado martes. La arquitectura verde de la PAC a partir de 2023 y el dinero mínimo que se tendrá que dedicar a los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas han sido el principal escollo.

También persisten las discrepancias sobre el cumplimiento de las condiciones laborales en el campo que los eurodiputados quieren introducir como condición para cobrar las ayudas o el mecanismo para conseguir dirigir más pagos a las pequeñas y medianas explotaciones, una de las principales reivindicaciones de Galicia.

“Queremos cerrar un acuerdo, pero no queremos cerrarlo a cualquier precio”, escribió en su perfil de Twitter, la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, que ha negociado en nombre de los Veintisiete en calidad de presidenta de turno de la UE.

“Estuvimos cerca de lograr un acuerdo esta semana”, lamentó o el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, esperanzado en llegar a un acuerdo antes de que acabe junio.