La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, urgió ayer a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que “reconsidere” el veto a la caza del lobo para que las comunidades que gestionan el 95% de esta especie —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— no tengan que recurrir al Tribunal Supremo.

En respuesta a una pregunta del PP en la comisión de Ordenación Territorial, Do Campo cargó contra “la irregularidad” del Gobierno “en las formas y en el fondo” de incluir al lobo en el listado de especies protegidas antes del 25 de septiembre, una decisión sobre la que muestra su “sorpresa” e “indignación”.

Las comunidades loberas han dado de plazo al Ejecutivo hasta el 15 de junio para que dé marcha atrás a esta decisión. De lo contrario, el Noroeste irá a la vía judicial. No obstante, Do Campo tendió la mano al departamento que dirige Ribara para llegar a un acuerdo.

Una vez más, censuró que el Gobierno haga “oídos sordos” ante las peticiones de las comunidades al norte del Duero. Asimismo, subraya que las organizaciones agrarias están en “pie de guerra” frente a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica.