Peritajes periódicos y con rigor. Es la reclamación que hacen desde la Xunta y el colectivo de víctimas de tráfico Stop Accidentes al Ministerio de Transportes y a la concesionaria de la AP-9 tras las deficiencias detectadas por una auditoría externa ordenada el pasado mes de febrero por el departamento que dirige José Luis Ábalos después de que LA OPINIÓN difundiera informes técnicos oficiales que advertían de “fallos de seguridad” y “normativa incumplida” en la vía de pago.
En esa inspección se describen los “elementos susceptibles” de mejora, en los que Audasa deberá invertir 3,4 millones de euros —el 89% este año—, desde la reparación del firme en el tramo de Ferrol, repintado de las marcas viales, actualización de señalizaciones, reparación de barreras dañadas y anclares defectuosos o reparación de los sistemas de iluminación, entre otros. Desde la Consellería de Infraestruturas, cargaron ayer contra la concesionaria por no haber actuado “de oficio” para garantizar “unas condiciones óptimas de circulación” en la “principal arteria de comunicación de Galicia”, sino que esta inversión para reparar los fallos detectados la hará “obligada” por las conclusiones de esa auditoría externa.
Ante el calendario de actuaciones y partidas asignadas a cada proyecto, el departamento que dirige Ethel Vázquez urge a Audasa a que esas obras “se ejecuten cuanto antes” para “garantizar la seguridad viaria y la calidad del servicio a los usuarios, que están pagando un elevado peaje por la utilización de esta vía”.
Advierte además del “aumento del malestar social” por las altas tarifas, el mal estado de conservación y las comprometidas bonificaciones que todavía no se han materializado. Infraestruturas llama a Transportes a hacer una “reflexión” sobre lo ocurrido: “Audasa hará la inversión obligada y no por iniciativa propia, como cabría esperar; fueron unos informes externos —cuestiona— los que llevaron al Ministerio a realizar esta auditoría y, a su vez instar a la concesionaria, a que acometa estas mejoras”. “Eso no debería suceder así”; sentencia desde Infraestruturas.
Stop Accidentes
“Si se hacen auditorías, son insuficientes y no todo lo rigurosas que debieran”. Así de tajante se manifiesta Jeanne Picard, delegada en Galicia Stop Accidentes, un día después del requerimiento del Gobierno a Audasa de acometer obras de mejora en la AP-9.
Ante las conclusiones de este peritaje realizado en los últimos cuatro meses, las víctimas de tráfico reclaman a Transportes realizar controles del estado de la autopista —“una de las más caras de España”, recuerdan— de manera “de manera periódica” y “con todo el rigor”.
“Las infraestructuras, más una de pago como es la AP-9, están para perdonar los errores de los usuarios. Es responsabilidad del conductor cumplir las normas, pero también de la Administración y de la concesionaria velar por la seguridad de la carretera”, advierte Picard, que sitúa al Gobierno como “corresponsable” de la mala conservación que pueda tener una vía como la AP-9. Y de Audasa, cuestiona su “irresponsabilidad” al permitir que esos elementos de seguridad se hayan deteriorado “hasta el punto de poner en peligro a los conductores y pasajeros que circulan por la autopista”.
“Sin la presión social que se ha ejercicio y la publicación de esos fallos, no se hubiera conseguido nada. Los informes seguirían hoy en un cajón”, cuestiona la delegada de Stop Accidentes. “Y yo me pregunto, —concluye— tendría que haber ocurrido un accidente grave para que se actuase sobre los puntos conflictivos identificados”, lamenta.
