La crisis de 2008 sacudió los cimientos del sector del ladrillo, engullendo a miles de empresas del sector de la construcción y a sus auxiliares y dejando en mínimos las ventas de viviendas. Pero el estallido del COVID golpeó a todas las actividades económicas, desde grandes multinacionales y franquicias hasta pequeñas pymes, autónomos y también a particulares.

Fueron precisamente las pequeñas empresas y las familias las más afectadas por los ERTE, despidos y cierres de negocios que provocó la pandemia. Asfixiados por las facturas acumuladas tras el desplome de ingresos, los propietarios de pequeñas tiendas o comercios, trabajadores por cuenta propia y particulares se vieron con el agua al cuello y tuvieron que acudir a procesos concursales. Solo de particulares en el año del coronavirus se presentaron en Galicia 301 concursos en los juzgados de primera instancia e instrucción, frente a los 227 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 32,6%.

Pero los tentáculos del COVID todavía hoy aprietan y solo en el primer trimestre de este año se tramitaron en la comunidad 86 concursos de personas naturales no empresarias —una media de casi 30 cada mes—, un 6,2% más que los 81 contabilizados en el mismo periodo de 2020, según las estadísticas de los efectos de la crisis en los órganos judiciales publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos por el Tribunal Superior de Xustiza.

Este tipo de procesos concursales permite desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 que particulares endeudados en su ámbito personal o privado puedan declararse en quiebra.

Ya a finales del mes de mayo, el Consejo General de Economistas de España (CGE) advertía de la “senda alcista” del aumento de los concursos de acreedores, especialmente de autónomos y de personas físicas, a pesar de la moratoria concursal hasta el próximo 31 diciembre. Su presidente, Valentín Pich, valoraba las últimas medidas adoptadas como las ayudas, el código de buenas prácticas y la ampliación de avales, pero matizaba “que debía agilizarse su llegada especialmente a autónomos, emprendedores y pymes, y que sería necesario no dilatar su puesta en marcha”. El último informe del Registro de Economistas Forenses, dependiente del Consejo General de Economistas, alerta de que esta “tendencia alcista de liquidación de negocios durará, previsiblemente, hasta el último trimestre”. La mayoría de afectados son personas físicas con recursos cada vez más limitados por lo que se ven obligados a liquidar sus negocios.

En el conjunto del país, el año pasado se registraron 6.874 procesos de particulares un 35% más que el ejercicio anterior. Este aumento es mayor que el sufrido en Galicia, en concreto casi tres puntos por encima.

Provincias

De las cuatro provincias gallegas, las que presentaron un mayor número de casos en la comunidad fueron A Coruña y Pontevedra, con 134 y 132, respectivamente, seguidas de lejos de Lugo (22) y Ourense (13). Ahora bien, la pandemia impactó con más fuerza en Ourense, donde los concursos de particulares se triplicaron en el año del COVID, y en Pontevedra, con un aumento del 67%. En A Coruña el incremento alcanzó el 17,5%, mientras que en Lugo se redujeron un 24%.

Y en el arranque del año, la tendencia sigue al alza, con un total de 86 casos en la comunidad frente a 81 del primer trimestre de 2020. En A Coruña y Pontevedra se redujeron los concursos, en especial en la primera que pasó de 41 entre enero y marzo del año pasado a 33 en este 2021 (casi un 20% menos), mientras que en la segunda se contabilizó un caso menos (34 este año frente a 33 del ejercicio pasado). En Lugo se dispararon: 14 frente a dos de hace un año; y en Ourense hubo dos más: seis frente a cuatro.

465 desahucios en solo tres meses

El número de lanzamientos o desahucios practicados en Galicia en el primer trimestre del año aumentó un 9,2 % con respecto a un año antes al situarse en 465, de los que 106 fueron por ejecución hipotecaria, un 93 % más que el mismo periodo de 2020, según detallan desde el TSXG.

En concreto, en el arranque del año se registraron 352 desahucios por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 1,7 % menos, si bien el conjunto de datos ha de entenderse en el marco de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, lo que implicó la paralización de los plazos procesales desde ese día.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en estos primeros tres meses, estas subieron un 15,2% hasta las 189. En el conjunto del país se ejecutaron un total de 10.961 desahucios en el primer trimestre, un 13,4% más que hace un año. Los datos reflejan además la tendencia al alza de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, que avanzaron un 56,3 %, y se situaron en máximos desde el segundo trimestre de 2017.

94 demandas de ocupación de viviendas en 2020

El fenómeno okupa ha puesto en alerta en los últimos años a los propietarios de viviendas que ven asaltadas sus segundas residencias o incluso su hogar y también a comunidades de vecinos que se topan con nuevos moradores, en ocasiones conflictivos, en los bloques vacíos de entidades financieras.

Para tratar de poner coto a los asaltos de pisos y casas, Fiscalía del Estado y Ministerio del Interior lanzaron el año pasado sendas instrucciones para agilizar los procesos de desalojo para los casos en los que la ocupación se realice con violencia o intimidación. A lo largo del año COVID, los juzgados gallegos recibieron 94 demandas por ocupación ilegal de viviendas, frente a las 145 del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 35%.

Y en todo 2020, se resolvieron 108 casos de usurpación de pisos y casas en la comunidad y al cierre del ejercicio quedaban 45 en trámite, según datos del Poder Judicial. En los primeros tres meses de este año, once propietarios denunciaron la ocupación ilegal de su vivienda en Galicia frente a los 24 casos contabilizados en el arranque de 2020.

Sobre el total nacional, los datos de usurpaciones de viviendas en la comunidad gallega no son significativos —el grueso se concentran en el Levante y Andalucía—. Así el porcentaje que representa Galicia es del 1,4% (en España se interpusieron 791 demandas en tres meses).