El endeudamiento de Galicia batió en marzo un nuevo récord en relación a su Producto Interior Bruto (PIB), con un 20,4% que supone 11.738 millones de euros. El gasto público se ha convertido en el salvavidas para evitar el colapso económico causado por la pandemia del COVID-19. En contraposición al mensaje de austeridad y recortes aplicados para luchar contra la crisis financiera desencadenada hace más de una década por la quiebra de Lehman Brothers, el PP propone enfilar la reactivación bombeando recursos desde las administraciones y aprovechando los fondos Next Generation de la Unión Europea para afrontar no solo la recuperación, sino la transformación económica hacia un modelo digital, de mayor valor añadido y sostenible.

Estos mensajes jalonan la propuesta de dictamen del PP gallego elaborada para la comisión de reactivación económica, social y cultural de Galicia por la crisis del COVID-19, presentada ayer por el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy. Este destacó que los 400 epígrafes del documento pueden servir de “acelerador de cambios en Galicia a través de la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y la inclusión”.

En el documento, se insta a las administraciones públicas gallegas “a utilizar su impulso financiero como palanca de reactivación del crecimiento económico y a utilizar el recurso del endeudamiento público como fuente de financiación de proyectos que aporten valor en los ámbitos de la transición energética y digital, la innovación y en los servicios sociosanitarios”, aprovechando la “buena situación económico-financiera y de solvencia” que presentan.

La propuesta de dictamen fue presentada ayer tras ser entrada el jueves a BNG y PSdeG, después de que aportasen sus conclusiones 50 comparecientes y se entregasen 155 informes en la Cámara.

Puy avanzó que su grupo “seguirá dialogando y hará todo lo posible para llegar a acuerdos” con la oposición antes de la reunión de la comisión de reactivación el día 29 y la aprobación definitiva del dictamen el último pleno de este periodo de sesiones los días 13 y 14 del mes de julio.

Uno de los puntos en los que buscará el acuerdo es en la elaboración de un plan de inversión de los 115 millones del fondo de consenso creado por la Xunta. “Mucho de ese fondo hay que ejecutarlo este año”, apuntó Puy, que reivindicó que la cuantía supone “más recursos que las cuatro diputaciones de Galicia han dado en total para ayudar a la sociedad en plena pandemia. Las críticas de la oposición a lo que considera escasa cuantía no facilitarán el acuerdo. “Va a ser muy difícil viendo todo lo que se dijo y las propuestas que se hicieron en los últimos meses”, reconoció el dirigente popular.

En su borrador, el PP aboga por medidas “transversales” como reducir la burocracia para la implantación de proyectos empresariales (facilitando la concesión de licencias urbanísticas), o la demanda de la gestión directa por parte de las comunidades autónomas de los fondos Next Generation.

Para el plano industrial, los populares apuestan por “acelerar la transformación” hacia el modelo 4.0.; urgir a la aprobación de un estatuto electrointensivo; bonificar los peajes en carreteras como la AP-9 y la AP-53; y aumentar el tamaño de las empresas gallegas, en lo que Puy reclamó cambios legales a nivel estatal, informa Europa Press.

También reclama poner fin a la tasa de reposición para cubrir todas las bajas por jubilaciones en la plantilla pública, reformar la Atención Primaria e implantar un nuevo modelo de residencias de mayores, con criterios más estrictos tras el impacto de mortalidad causado por la pandemia del coronavirus.

Destaca la necesidad de mantener las ayudas a la hostelería “hasta la normalización de la situación” y defiende la necesidad de favorecer el pago aplazado de impuestos.