El Parlamento gallego reclama al Gobierno central que paralice el hachazo fiscal que recoge en su ley antifraude a las herencias en vida, en las que se propuso eliminar las bonificaciones fiscales cuando las ventas de un bien legado se realicen en vida del donante —la práctica totalidad son legados de padres a hijos—. El BNG se sumó ayer al PP en su reclamación de que se dé marcha atrás a la reforma cocinada por Hacienda, pendiente del trámite en el Senado y donde el PSOE ya presentó una enmienda para rebajar la penalización a los pactos sucesorios que en Galicia beneficiaron en los últimos cuatro años a más de 160.000 contribuyentes. Ante la proposición no de ley presentada por los populares ayer en la Cámara autonómica, el PSdeG optó por la abstención.

Por vulnerar la autonomía financiera y la capacidad normativa en materia tributaria que la Constitución y el Estatuto y las leyes reconocen a Galicia, el PP se movilizó desde el Parlamento para que el Ejecutivo paralice la reforma de los pactos sucesorios. Una modificación que, según cuestionan los populares, trata a los beneficiarios como “defraudadores” cuando realizan la venta de una vivienda heredada cuando el donante todavía vive.

Con la reforma promovida por el departamento que dirige María Jesús Montero, las ventas de un bien heredado cuando estas se hagan en vida del donante dejarán una factura fiscal cinco veces superior a la actual, ya que habrá que pagar impuestos por el valor desde el momento en que fue adquirido por el progenitor y no desde la fecha en la que fue transmitido, como ocurre en la actualidad en Galicia. Y es que la comunidad gallega tiene Derecho Civil propio y los beneficios fiscales en las bonificaciones fiscales para las transmisiones intervivos fueron reconocidas por el Tribunal Supremo en 2016.

“Se trata de una clara e injustificada vulneración de la autonomía competencial y financiera de Galicia y del principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma”, recoge la proposición no de ley.

Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no le temblará la mano si tiene que acudir una vez más al Tribunal Constitucional para dirimir este conflicto. El también líder del PP gallego urgió una vez más al Gobierno que paralice la reforma en la tributación de los pactos sucesorios en el IRPF: “No lo vamos a aceptar y, si fuera necesario, acudiremos al Constitucional; es una competencia exclusiva de Galicia, un Derecho Civil propio y un impuesto cedido a la comunidad”, advirtió ayer Feijóo.

Ante la polémica generada por la reforma fiscal de Hacienda, con detractores en las propias filas socialistas, el PSOE presentó la semana pasada una enmienda en el Senado para suavizar la penalización a las herencias en vida. De la mano del presidente del PSdeG, el senador Xaquín Fernández Leiceaga, reclamó en la Cámara alca mantener las exenciones reconocidas a Galicia cuando la venta de un bien en vida del donante se haga a partir de los cinco años de su transmisión.

En el debate de la iniciativa del PP, la diputada del BNG Noa Presas defendió el apoyo de su formación por ser una defensa “básica” y “mínima” del autogobierno frente a lo que su grupo entiende como una “intromisión en la soberanía económica y fiscal”, un “abuso”.

“Cada vez que Galicia sea discriminada, nos van a tener aquí, nunca confrontando pero sí “defendiendo”, zanjó el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy.