PP, BNG y PSdeG se unieron ayer para apoyar una proposición no de ley que pide que el Servizo Galego de Saúde asuma la atención sanitaria en los centros penitenciarios de la comunidad.
La iniciativa, que partió del Bloque, añade que la cesión debe ir acompañada de los medios humanos, económicos y materiales necesarios.
Durante el debate en comisión parlamentaria, la portavoz nacionalista de Sanidad, Montse Prado, critió que la Cámara gallega ya se pronunciara en este sentido en el año 2015, “sin que seis años después se haya avanzado nada para el cumplimiento de este acuerdo”.
Por ello, la diputada del BNG ha emplazado al Gobierno gallego a “iniciar los trámites de una vez por todas”, puesto que son numerosas las voces que han reclamado en reiteradas ocasiones la integración del servicio sanitario penitenciario de las cárceles gallegas en el Sergas.
A juicio de Prado, la transferencia no es una mera cuestión de distribución de competencias, sino que “se trata de mejorar la salud de las personas reclusas y es recomendada por diversas disposiciones internacionales”.
Por parte del PP, la diputada Marta Rodríguez-Vispo dio el respaldo de su grupo a esta iniciativa pero destacó que esta demanda no exime que desde el Partido Popular se priorice “el traspaso de las transferencias de la AP-9 y de la gestión del dominio público marítimo-terrestre”.
