El exdirector xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces y el exsecretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental Justo de Benito Basanta son investigados por un juzgado compostelano como presuntos autores de un delito de prevaricación ambiental. El caso en cuestión ya había sido denunciado por asociaciones vecinales y ecologistas: la autorización por parte de la Xunta en 2011 de la reapertura de la mina de Varilongo, en Santa Comba, sin la adecuada evaluación del impacto ambiental pese a la existencia de informes que alertaban de que la explotación podría contaminar las aguas.

Tanto Tahoces (ahora gerente de la Axencia da Industria Forestal) como Justo de Benito Basanta, que en su día dejó la Xunta y fue nombrado para un puesto en la embajada de España en París, fueron citados a declarar el martes en Santiago. Así lo ratifica la documentación judicial a la que ha tenido acceso Europa Press y fuentes conocedoras del caso, y sobre el que la Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia.

Esta denuncia no incluía la petición de investigar al que fuera secretario xeral técnico de la Consellería, hoy presidente de la gestora del PP en Santiago y diputado autonómico, Borja Verea, pero la Fiscalía si puso el foco en él. En todo caso, dada su condición de aforado, su situación sigue pendiente de concretar, un paso que correspondería al Tribunal Superior de Xustiza.

Verea acababa de ser nombrado secretario xeral cuando el expediente de la mina ya estaba finalizado y se limitó a convalidar su aprobación definitiva.

La Consellería de Medio Ambiente manifiesta su“respeto” a las actuaciones judiciales abiertas. A preguntas de los medios, el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, indicó ayer vque esta causa se refiere a la “revisión” de una autorización administrativa “de hace diez años”. El dirigente popular ha apelado a la “presunción de inocencia” para las personas investigadas y ha añadido que, igual que “en casos similares”, lo que corresponde es “confiar en la actuación e independencia judicial”.