Reventa o alquiler. Su coste en el mercado apenas supera los 20 euros, pero entre rejas, donde están prohibidos y los presos solo pueden llamar desde cabinas y con limitaciones (10 a la semana), los teléfonos móviles son muy codiciados. Familiares de reclusos comunes introducen los dispositivos, cada vez más pequeños —algunos del tamaño de un mechero, lo que les permite ocultarlos en cualquier prenda o en su propio cuerpo—, con una doble finalidad: o bien por encargo de otros internos con buena posición económica, por lo general narcos, condenados por delincuencia organizada o terrorismo yihadista, que llegan a pagar hasta 30 veces más (de 400 a 600 euros) o para sacar provecho en el propio centro alquilándolo: un día de uso, por ejemplo, a cambio de cinco cajetillas de tabaco. Así se trapichea con los móviles en prisión, un dispositivo que cada vez más internos intentan colar para contactar con familiares en el exterior e incluso con las propias víctimas por las que han sido condenados.

El penal coruñés de Teixeiro es uno de los que más teléfonos interceptan los funcionarios, pese a tratarse de una tarea “dificultosa” y “ardua” ya que la mayoría de internos e internas suelen introducir los móviles en las cavidades de su cuerpo y aunque salta la alarma al pasar por el escáner suelen alegar que es el pierceing o el aro del sujetador y a la hora de realizar los cacheos resulta complicado dar con el dispositivo, así como el protocolo para los registros en el caso de las reclusas es más restrictivo que con los hombres.

Desde el año 2000, en los penales gallegos se interceptaron más de 700 móviles clandestinos, 303 en Teixeiro y 166, en A Lama. Solo en el último año, los trabajadores en el centro penitenciario coruñés requisaron 39 y en lo que va de año, cuatro. Se trata de un volumen elevado, más teniendo en cuenta que tras el estallido del COVID, con el estado de alarma decretado en marzo, hubo seis meses sin vis a vis ni permisos ni locutorios, los mecanismos utilizados para introducir el móvil en el penal. Y tras la pandemia solo se podía comunicar con la familia, previa solicitud y autorización del director, a través de una videollamada por WhatsApp una vez por semana, “Necesitando un funcionario, todos los días para esa tarea”, detallan desde el penal coruñés.

“Lo habitual es interceptar el móvil cuando ya lleva varios días circulando en prisión”, apuntan. Su localización resulta muy “laboriosa” y “complicada” porque los reclusos utilizan cualquier lugar para esconderlo. “Hoy está aquí y mañana ya en otro lado, hoy puede estar en su celda, pero al día siguiente en el polideportivo”, explican. Desde un bote de Colacao, en medio de un pantalón en el armario de su celda, una grieta, una cajetilla de tabaco o incluso camuflado en una televisión. En lugares de lo más variopinto se han encontrado los funcionarios estos dispositivos utilizados por los reclusos ya no solo para contactar con los familiares en el exterior y así poder hacer más llamadas de las que se permiten, sino que también han contactado con las propias víctimas por las que han sido condenados, en su mayoría de violencia de género.

Reclusos con buena posición económica llegan a extorsionar y a amenazar a otros internos que van a salir de permiso para que se hagan con un móvil y se lo hagan llegar.

La tenencia de móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se encuentre. A un narco va a ser difícil localizarle el móvil, según reconocen desde Teixeiro. Serán otros presos los que lo custodien para, a cambio de algún beneficio económico, evitar el castigo si es interceptado: desde reducción de horas de salida del patio al cambio a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente del preso con el consiguiente efecto, por ejemplo, en la concesión de permisos.

El cada vez mayor número de móviles introducidos en prisión llevó a Instituciones Penitenciarias a tomar medidas, sobre todo tras descubrirse que presos como Zakhar Kalashoz, jefe de la mafia georgiana, o el narco gallego Sito Miñanco, utilizaban estos dispositivos desde sus celdas.

Pese a las dificultades y peligros que entraña la introducción de un móvil en prisión, Instituciones Penitenciarias emitió el pasado mes de abril una orden por la que permite a los reclusos en semilibertad —aquellos que solo tienen que acudir a dormir a prisión, unos 2.400 en el conjunto del país— tener en sus celdas objetos prohibidos hasta ahora como ordenadores y teléfonos móviles.

Funcionarios y sindicatos de prisiones advierten de los peligros que puede conllevar esta instrucción ante el “daño” que puede causar el uso del dispositivo entre rejas. “Si el problema ya está generado cuando se intercepta el móvil, con grabaciones o fotos a otros reclusos o a los propios funcionarios, ¿cómo se corrige ese mal uso cuando ya ha causado un daño previo?”, cuestionan desde el centro de Teixeiro.