La Xunta considera que existe “buena disposición” por parte del Gobierno central para realizar la transferencia de las competencias de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, la primera línea de costa. Así lo comunicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras mantener un encuentro telemático con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, para abordar este traspaso y otros asuntos relacionadas con la gestión de litoral.

La responsable autonómica avanzó que la Xunta empezará ya los trabajos “administrativos” para ejecutar el traspaso de las competencias de la gestión del dominio público marítimo-terrestre dada la “buena disposición” encontrada en la Administración central.

Según Vázquez —que estuvo acompañada por la directora xeral de Ordenación do Territorio, Encarna Rivas—, “lo mejor” es que Galicia asuma estas competencias porque es la administración “que sabe lo que pasa en la costa” y su gestión desde el Gobierno autonómico permitiría recortar “los tiempos” en la tramitación de cuestiones que afecten a las edificaciones y las actuaciones que se desarrollan en el margen costero. La transferencia de esta competencia cuenta con el apoyo de los tres grupos del Parlamento, que aprobaron por unanimidad una iniciativa en este sentido el pasado mes de marzo. Y por otro lado, la gestión de la costa ya ha sido traspasada a Cataluña y Andalucía, y además se está tramitando lo mismo con Baleares y Canarias. En todo caso, lo que quiere Galicia es poder asumir la gestión del dominio público marítimo-terrestre, pero no la propiedad de las tierras afectadas, que seguirán en manos del Estado.

Durante la videoconferencia, la Xunta aprovechó para insistir ante el Estado sobre la necesidad de realizar un inventario de las 300 edificaciones asentadas en la costa y que, dadas sus características “especiales” desde “el punto de vista cultural y arquitectónico”, son “dignas de ser catalogadas”.

La intención de la Xunta es que el Estado autorice la modificación en el reglamento de Costas para que estos inmuebles puedan “ampliar sus usos” de cara a dedicarse a otras funciones, desde el ámbito residencial u hotelero a “actividades tradicionales” o su conversión en equipamientos y así poder darles una segunda oportunidad y evitar su deterioro. Como ejemplo de esto, la conselleira señaló la posibilidad de que el edificio de una conservera “que ya no tiene futuro en la costa” pueda reconvertirse “en un museo”.

El Gobierno se comprometió a estudiar la petición, según comentó Vázquez, quien hizo votos para que “no quede en el olvido” y su resolución “no se demore en el tiempo”.

Además, la Administración autonómica reclamó al Estado que articule cambios normativos para que el plazo máximo de respuesta a la tramitación de un planteamiento de ordenación sea de tres meses, transcurridos los cuales sin que exista respuesta, deriven en una confirmación positiva. Ese es el planteamiento que aplica la Xunta y que quiere que asuma también la Administración central para avanzar en la “simplificación” burocrática. La conselleira avanzó que la Xunta se personará contra el Estado en los procesos abiertos por ayuntamientos que hayan visto impugnados los cambios de licencia de uso en edificaciones asentadas en servidumbre de protección antes de la Ley de Costas por entender que el Tribunal Supremo lo permite.