No hay marcha atrás. Pese a la indignación de los comuneros tras reclamarles el Gobierno la propiedad de los montes vecinales situados en primera línea de costa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es tajante: “no existe la propiedad privada en dominio público marítimo-terrestre”. Eso sí, permitirá a las mancomunidades continuar con la gestión de los terrenos próximos al litoral aunque pierdan la titularidad. En todo caso, será con condiciones. No se permitirán usos “peligrosos” ni “privativos”, es decir, no podrán impedir o limitar el acceso a estas parcelas.

Varias comunidades de montes han recibido cartas en las que les advierten de que los terrenos situados en esa franja de costa pasarán a manos del Estado. Según explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica, el Catastro está enmendando “incorrecciones” relativas a la propiedad situada en el dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno advierte de que “no cabe hablar de perder una propiedad que no tienen”. Así argumentan que desde el momento en que se hicieron los deslindes esas parcelas dejaron de ser privadas y ahora el Catastro se limita a corregir “su base de datos”.

Los comuneros han denunciado una “confiscación encubierta” y han decidido dar la batalla para no perder la propiedad sobre esos montes vecinales. Así, han solicitado una reunión con el director general de Costas. Sin embargo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica no contemplan recibir a las comunidades de montes gallegas al considerar que no existe tal conflicto sobre la titularidad de estas parcelas: “no hay ninguna cuestión de dominio público marítimo-terrestre concernida en este momento”.

La alternativa que les queda a las mancomunidades es promover una reforma de la Ley de Costas, pero para ello deberán convencer a la mayoría de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso.

El otro problema que se deriva del cambio a titularidad estatal de estas tierras es quién las gestiona. Los comuneros ya dijeron que no estaban dispuestos a pagar dinero por la limpieza de unos montes de los que no son propietarios. La Xunta advirtió de que esos terrenos contaban con instrumentos de gestión forestal y había inversiones programadas por parte de las mancomunidades que ahora quedarán en el aire. De ahí, que la Consellería de Medio Rural haya reclamado al Gobierno que asuma tanto la gestión, garantizando la limpieza de los terrenos forestales, como los compromisos inversores previstos por los montes vecinales.

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica aclara que los comuneros podrán “dar continuidad a la gestión”. Es decir, podrán continuar con sus planes forestales siempre y cuando no impidan el disfrute de esos montes libremente a cualquier ciudadano. Es decir, no podrán imponer un “uso privativo”. Y tampoco podrán llevar a cabo actividades “peligrosas” en esos terrenos, según han aclarado desde este departamento.

La Xunta está en trámites para reclamar al Gobierno la gestión del dominio público marítimo-terrestre de la costa gallega. Esta competencia ya está transferida a otras comunidades como Cataluña y Andalucía y se está negociando su traspaso en otras autonomías como Baleares y Canarias.