A la Xunta no le convence la propuesta del Ejecutivo central que establece las bases que regirán la concesión de subvenciones para luchar contra la despoblación y así lo ha hecho constar en unas alegaciones en las que reclama la participación de las comunidades autónomas de más de una provincia en las ayudas para diseñar y para poner en marcha medidas para superar el reto demográfico.
La Consellería de Política Social cuestiona que el proyecto de orden que fija cómo funcionarán las ayudas contra la despoblación sí incluye a los concellos, las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares y comarcales, las mancomunidades de municipios y las comunidades autónomas uniprovinciales, además de entidades privadas y aquellas con fines sociales, pero ese listado obvia a las autonomías pluriprovinciales como beneficiarias y como valoradoras, señala el Ejecutivo gallego.
Para la Xunta, dejar fuera a las comunidades “carece de justificación”, dado que, defiende, realizan un cometido que consideran “fundamental” en el ámbito de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, “ejerciendo a menudo en exclusiva competencias clave en este ámbito”, en el que impulsan “desde hace años proyectos pioneros”.
Por otro lado, Política Social argumenta, y así se lo han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el que “muchos concellos afectados gravemente por la pérdida de población carecen de capacidad para poder por sí mismos impulsar proyectos en este ámbito”, lo que los sitúa, advierte, “en inferioridad de condiciones” respecto a otros municipios de mayor entidad.
Por ello, las alegaciones de la Xunta recogen el aumentar la composición propuesta por el Gobierno central para la comisión de valoración, para permitir que las autonomías participen, o “una representación” decidida en la Comisión Sectorial o Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en el órgano que valorará los proyectos presentados.
