El Gobierno gallego sostiene que “las cargas burocráticas” establecidas en el real decreto que regula las ayudas directas que gestionan las comunidades “están disuadiendo o imposibilitando” el acceso a las mismas de gran parte del tejido empresarial gallego afectado por la crisis ocasionada por el COVID.
El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la modificación de la ¡orden que regula las bases para el tercer plan de rescate, gestionado por la Xunta con los 234,4 millones que le correspondieron del reparto del Estado para ayudas directas al tejido empresarial, con la que amplía el plazo de solicitud de las mismas hasta el 30 de septiembre para permitir que el dinero llegue a más personas trabajadoras autónomas y empresas afectadas. Según las cifras aportadas por la Xunta, el 14 de junio Galicia activó el tercer plan, y a un día de vencimiento del plazo, “apenas se recibieron 4.000 peticiones que suponen 64 millones de euros”.
Tanto en el primer como en el segundo plan de rescate autonómicos, la Xunta registró unas 40.000 solicitudes en cada uno.
Por ello, considera necesario flexibilizar los requisitos y reducir la burocracia.
