Con el recurso ante el Tribunal Supremo con el que dará la batalla el Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) si el Gobierno no retira el veto a la caza del lobo, la Xunta impulsa la actualización del censo del cánido, una especie que al contrario de lo defendido por el Ministerio de Transición Ecológica ha aumentado en los últimos años en los montes de la comunidad. Con este estudio, centrado en 29.000 kilómetros cuadrados de superficie del hábitat natural de la especie, la Consellería de Medio Ambiente trata de contrarrestar los argumentos del departamento dirigido por Teresa Ribera para blindar el lobo ibérico en toda España, una medida para la que el Gobierno ya puso fecha: el 25 de septiembre, y forzar una negociación para definir la futura estrategia nacional del lobo con el consenso de las comunidades loberas y los sectores afectados.

El grupo de expertos encargado del estudio ya ha empezado a tomar muestras y ha instalado dispositivos para determinar el volumen de la población actual. El trabajo de campo se centrará en la recogida de excrementos, el seguimiento de itinerarios de algunos ejemplares y la instalación de estaciones de escucha-aullido. Esa tarea ha sido encomendada a la empresa Arena Asesores en Recursos Naturales por 63.600 euros y los expertos iniciaron su labor en junio que prolongarán hasta finales de año con el fin de cubrir unos 29.000 kilómetros cuadrados.

El departamento dirigido por Ángeles Vázquez considera imprescindible actualizar los datos para disponer de “un aval técnico y científico en el que poder apoyarse para tomar cualquier decisión que pueda afectar a esta especie”. El trabajo se encargó después de que el Ejecutivo central acordase, incluso con los peros del Ministerio de Agricultura, declarar el lobo una especie protegida, también en las comunidades que tienen planes de gestión y en los que está autorizada su caza para controlar la especie y garantizar la convivencia con el sector agroganadero, como es el caso de Galicia.