Apertura de nuevas cárceles, reformas del Código Penal, menos delincuencia y más presos en régimen de semilibertad. Son los factores clave que han permitido aliviar la sobrecarga de las prisiones de todo el país en la última década. Tras cuatro años de una tendencia continua a la baja de la población reclusa en Galicia, 2020 se cerró con un volumen de internos entre rejas en mínimos históricos, tanto en la comunidad como en el conjunto nacional. La pandemia explica este balance en los penales del país ya que durante el estado de alarma se suspendieron miles de juicio, la tasa de criminalidad disminuyó y se produjo un parón en los nuevos ingresos de condenados cuyo plazo para entrar en la cárcel se cumplía en pleno confinamiento. Al cierre del año COVID en los cinco penales gallegos —Teixeiro, A Lama, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar— había un total de 2.961 reclusos, la cifra más baja de la historia y que por primera vez se queda por debajo de la barrera de los 3.000, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Lejos quedan los años de saturación en las prisiones gallegas, en especial en Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra), que llegaron a sobrepasar los 5.000 internos en 2008. Galicia cerró el año de la pandemia con un 7,12% menos de presos que en 2019 —227 menos— y un 33% menos que hace una década —entonces se rozaban los 5.000—. Estos datos sitúan a Galicia casi dos puntos por encima de la caída registrada en España el año pasado (-5,7%, que pasó más de 58.500 reclusos en 2019 a un total de 55.180 al cierre de 2020).

Si en los periodos con los penales más colapsados por los continuos ingresos la población reclusa en Galicia representaba casi un 7% del total en España, en la actualidad su peso es del 5,3%, lo que supone un descenso de más de dos puntos.

En los cinco primeros meses de 2021, los centros penitenciarios de Galicia se sitúan de nuevo por encima de los 3.000 internos, pero se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. En concreto, el pasado mes de mayo había 3.017 presos en la comunidad y en el conjunto del país poco más de 56.000, según los últimos datos disponibles de Instituciones Penitenciarias.

Reforma del Código Penal

Al cierre de 2009, más de 76.000 presos cumplían condena en las cárceles españolas —casi 5.000 en Galicia—, el índice de ocupación más alto junto con 2008. El endurecimiento del Código Penal en la reforma de 1995 había hecho que de los 48.600 internos que había en 2003 se pasase en solo seis años a un 52% más.

Sin embargo, la siguiente reforma penal, la de 2010, que rebajó de manera notable las penas para, entre otros delitos, los referidos al tráfico de droga a pequeña escala, cambió el sentido de la curva, que inició un proceso descendente. Con esta rebaja de las penas en los delitos contra la salud pública de nueve a seis años y de seis a tres muchos internos fueron puestos en libertad según iban cumpliendo su condena, antes de lo que le hubiera correspondido con anterioridad a la reforma.

Fueron también los años de la crisis económica, que agudizó el descenso de las cifras. Pero tuvo una incidencia notable la apuesta de Instituciones Penitenciaria por el régimen de semilibertad (mayor concesión de terceros grados para cumplir condena en los domicilios) y el aumento de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad (una media de 6.000 al año en Galicia) para sustituir las penas de prisión para los delitos leves , fundamentalmente, contra la seguridad vial y de violencia de género.

De manera ininterrumpida, las prisiones gallegas mantuvieron una tendencia a la baja en su población reclusa desde 2016, mientras que en el conjunto del país esta curva se vio alterada en 2018 con un ligero ascenso.

A lo largo de 2020 solo los penales de País Vasco y La Rioja sumaron más población reclusa, un 0,31% y 1,38% más, respectivamente. A la cabeza de las que más redujeron sus presos entre rejas se colocan Madrid (-9,82%) y Asturias (-9,72%). Galicia fue sexta comunidad en la que más disminuyó la cifra de los internos respecto al ejercicio anterior (-7,12%).

Ahora bien si se echa la vista a hace cinco años, las prisiones gallega son las cuartas de España donde más se ha reducido la población reclusa (-13,6%, casi el doble que la media nacional). Y respecto a hace una década, son las terceras con mayor desplome (33% frente al 25,4% del conjunto del país), por detrás de Castilla y León (49,4%) y Madrid (33,3%).

Más del 12% de las vacantes sin cubrir

Insultos, amenazas, agresiones... No hay día en que los funcionarios de prisiones no se enfrenten a situaciones conflictivas entre rejas, que en cada vez más ocasiones acaban en el hospital. Desde hace años, los trabajadores de los penales reclaman un refuerzo de la plantilla para poder realizar su actividad con plenas garantías.

Esta falta de personal y de seguridad llevó a los funcionarios de los penales gallegos a una huelga en octubre de 2018. Más de dos años después de las protestas que se prolongaron durante varios días, más de 200 plazas continuaban al cierre de 2020 sin cubrir, lo que supone el 12,6% de los puestos. La relación de puestos de trabajo (RPT) en las prisiones gallegas roza los 1.700 puestos, pero en diciembre del año pasado estaban cubiertos 1.483, según datos del sindicato Acaip.

De los cinco penales en la comunidad, son los de Bonxe (Lugo) y Pereiro de Aguiar (Ourense), los que presentan el mayor déficit en sus plantillas: casi 18% y 15%, respectivamente. En Teixeiro (11,13%) y A Lama (11,76%) el porcentaje de plazas sin cubrir es similar. La tasa de vacantes en los centros penitenciarios de la comunidad la registra Monterroso, en Lugo, con el 10,87%%. En el conjunto del país, los penales suman poco más de 21.000 trabajadores y casi 3.300 puestos sin cubrir, lo que se traduce en una tasa de plazas vacías del 13,5%.